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Cerca de 100 mil personas han resultado afectadas en el país, especialmente en la región Caribe, por una serie de frentes fríos probablemente asociados al debilitamiento del vórtice polar. Mientras las reacciones técnicas y políticas van subiendo el tono, buscando responsables, hay familias que han perdido cosechas, techos, bienes, ingresos y, otra vez, la confianza y su seguridad.
Este episodio nos muestra claramente lo que la ciencia viene advirtiendo: la creciente probabilidad de eventos atípicos y emergentes, producto de las alteraciones termodinámicas del sistema climático. La ruleta climática ya está en juego. El problema no es solo que los eventos extremos sean más frecuentes; es que seguimos intentando gestionarlos desde enfoques, estructuras e instrumentos pensados para una normalidad climática que ya no existe. Nuestros protocolos se basan en series históricas y modelos que dejaron de ser buenos predictores del futuro —y no es claro que pronto vuelvan a serlo—.
Hace unos días, escuchaba al gerente de la hidroeléctrica de Urrá explicar que en febrero nunca llueve tanto, que los datos eran atípicos y que las proyecciones no anticipaban ese comportamiento. Por eso los protocolos de manejo resultaron insuficientes: el frente frío superó los patrones sobre los cuales se diseñaron los modelos y planes de manejo. Este caso escenifica la nueva realidad: la incertidumbre como regla, instrumentos menos eficaces y, en consecuencia, mayor vulnerabilidad para personas y territorios.
Como algunos sabrán, participé al inicio de este gobierno en ese intento político de “Ordenar el territorio alrededor del agua”, que es el primer pilar del actual Plan Nacional de Desarrollo. La idea era pertinente y poderosa: reorganizar la planificación desde las cuencas, reconocer la centralidad del ciclo hidrológico en tiempos de crisis climática, articular sectores y combinar conocimiento científico y saberes locales para fortalecer la adaptación. En el papel era transformador; en la práctica, se diluyó.
El tamaño del desafío exigía un liderazgo claro para ejercer una coordinación efectiva, pero no ocurrió. Lo que emergió, en cambio, fue la inercia de competencias dispersas, egos institucionales y personales —funcionarios que extrapolaban su experiencia en el río Tunjuelo para pontificar sobre La Mojana—, datos incompatibles entre entidades, defensa de parcelas burocráticas regionales que han mantenido la corrupción y una respuesta crónica concentrada en contratos de maquinaria amarilla como solución recurrente ante cada crisis.
Lo que hoy vemos es una escena pedagógica sobre nuestra fragilidad institucional. No estamos preparados para gestionar la incertidumbre ante la crisis climática, hemos sido incapaces de adaptar o crear la institucionalidad necesaria, pese a que la evidencia la tenemos desde, al menos, La Niña de 2010.
La transformación no ocurre solo por decreto, ocurre cuando existe una conversación amplia y honesta entre gobiernos, academia, empresarios y organizaciones sociales, capaces de escucharse, evaluar lo que no funciona y ajustar rumbos. Necesitamos gobernanzas más policéntricas que jerárquicas, redes reales de anticipación y menos comités con funcionarios desbordados.
También necesitamos una ciudadanía más informada y exigente, que entienda que el clima que conocimos no volverá a ser igual; que no romantice el pasado, sino que se prepare para fortalecer la resiliencia de sus territorios, que estarán enfrentando permanentes transformaciones.
Gestionar lo público y adaptarnos en tiempos de incertidumbre exige algo que no siempre estamos dispuestos a practicar: humildad, aprendizaje colectivo, coordinación y solidaridad con quienes ya están pagando el costo de nuestra lentitud institucional. Lo demás es retórica.
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