¡A debatir, señores!

¿Debemos concentrarnos en mejorar la calidad de la educación? ¿O en la infraestructura de carreteras? ¿O debemos emprender una reforma profunda a la justicia? ¿O la prioridad la debe tener una lucha frontal contra la informalidad empresarial y laboral? ¿O la preferencia deberá ser el proceso de paz y la reconciliación de los colombianos? ¿O todos los esfuerzos deberán dirigirse a una reforma política? ¿O lo más importante deberán ser las reformas a la seguridad social? Me temo que las respuestas a estas preguntas se tornan aún más complejas si hacemos una más. Dado que resolver cualquiera de los problemas planteados involucra la acción del Estado, podemos legítimamente preguntar (incluso suponiendo que contamos con los recursos necesarios): ¿Tenemos un Estado competente para resolver esos problemas del país?

Hace 40 años, uno de los economistas más brillantes que han existido, el profesor de la Universidad de Maryland Mancur Olson, argumentó que, en los países en desarrollo, el factor de producción más escaso es la capacidad gerencial en gran escala. Por esa razón, explicó que, en países como el nuestro, la gran mayoría de las organizaciones y empresas son muy pequeñas y, las que consideramos grandes, son medianas comparadas con las grandes de los países europeos o los Estados Unidos. Pero, la terrible paradoja es que, sin contar con dicha capacidad gerencial, necesitamos una organización —el gobierno— que es, necesariamente, muy grande y que puede alcanzar millones de funcionarios. Y, más complicado aún, a diferencia del capital o del trabajo especializado, que se pueden importar, no es posible importar gobierno, pues eso equivaldría a aceptar la dominación extranjera o la sujeción a un imperio. Por estas razones, Olson no se cansó de recomendar a las entidades multilaterales invertir todo lo que se pueda en mejorar las capacidades gerenciales de los países en desarrollo y de sus gobiernos. Naturalmente, esta es una de las razones de las llamadas fallas de gobierno, las cuales son casi más graves que las fallas del mercado. A su gigantismo y poca capacidad gerencial, los gobiernos enfrentan otra cantidad de problemas, como los de agregación de preferencias, coordinación, captura, tragedia de los comunes, consistencia en el tiempo. Pero quizá el problema más grave es su falta de transparencia y la casi inexistente rendición de cuentas. En particular, no existen debates estructurados, en donde los funcionarios públicos se vean continuamente obligados a explicar y responder por sus políticas frente a la opinión pública. Y esos debates no pueden circunscribirse al Congreso o a recintos cerrados de las universidades. Esos debates tienen que darse en los canales de la televisión. Por razones inexplicables, en Colombia no contamos con programas de debate, en horarios triple A, como existen en Europa, los Estados Unidos y aun países cercanos a nosotros como Chile. Para dar un ejemplo muy concreto, no contamos con programas como Vía Pública y El Informante, del Canal 24 Horas, de Chile, que son brillantemente moderados por el periodista Juan Manuel Astorga. No me cabe la menor duda de que una mejora sustancial de las políticas públicas en Colombia pasa por la creación de estos espacios de opinión y de debate en nuestros canales nacionales de televisión. El costo de proveer este bien público es ínfimo en relación con los beneficios que aportaría.