Ahora, a las prioridades

El nuevo presidente llega a la Casa de Nariño con un gran mandato popular, con una amplísima mayoría en el Congreso y con un país que ha recuperado la seguridad y que, en muchos otros sentidos, está mucho mejor que hace ocho años. Pero también enfrenta complejos problemas estructurales que no se han corregido en décadas y que son de difícil solución. Porque creo que Santos es una persona particularmente sensible a su lugar en la historia y al juicio que harán de él las próximas generaciones, me atrevo a decir que se la jugará toda para ser un buen presidente y para modernizar a Colombia. Por eso, y por el mandato que tiene, no me extrañaría que durante los primeros cien días y en la primera legislatura del Congreso se presenten y discutan muchos cambios constitucionales, proyectos de ley y actos administrativos.

Carlos Caballero ha sugerido una lista de prioridades de reformas en el área económica que, en mi opinión, podrían ser base de un gran acuerdo nacional y que podría liderar el nuevo gobierno. De todas ellas, yo resaltaría la lucha contra la informalidad, la cual, según cifras del DANE, alcanza el 57% de todos los trabajadores. Esa es una realidad intolerable de injusticia social, que genera pobreza y marginalidad, reduce la productividad de la economía y deteriora las finanzas públicas. De una vez por todas, tenemos que rechazar el argumento de quienes dicen que la informalidad es irremediable y que el único camino es crear una legalidad diferente para los informales para que acepten su situación de desamparo y para que, en el mejor de los casos, aspiren sólo a subsidios y, quizá, a un microcrédito, a un microseguro, a una micropensión. No podemos confirmar a más de la mitad de los colombianos como micropersonas, como ciudadanos de segunda categoría, sin los derechos plenos que goza el otro cuarenta por ciento. Al formalizarse, millones de colombianos podrán tener capacitación, abrir una cuenta de ahorros, acceder al crédito, y ahorrar para la vejez; las empresas pequeñas podrán mejorar sus métodos productivos, ampliar sus mercados, acceder a redes de servicios y elevar su productividad. Al formalizarse las empresas y las personas contribuirán también al circuito económico que es la base de la tributación directa o indirecta, lo que fortalecerá las finanzas públicas.

También estoy de acuerdo con Carlos Caballero cuando afirma que otro elemento de un gran acuerdo nacional deberá ser un manejo racional de las bonanzas minera y petrolera que recibirá el país en los próximos años. Esa es una excelente noticia, siempre y cuando se la trate con el criterio de la escasez, es decir, como si fuera transitoria y no como permanente. Si se crea un mecanismo de ahorro en el exterior y si se modifica la desastrosa Ley de Regalías, la bonanza elevará el bienestar, no sólo de la generación presente, sino también de las generaciones futuras y ayudará también a prevenir una apreciación mayor de la tasa de cambio, la cual podría caer a cerca de $1.200 por dólar si no se crea el fondo de ahorro. Resolver estos problemas no será fácil, pues todos enfrentan grandes resistencias políticas, intereses creados y el flagelo del clientelismo. Pero, también creo que el contundente mandato que tiene el nuevo gobierno es una oportunidad sin igual para profundizar la democracia, modernizar la economía y situar a Colombia en el siglo XXI.