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La noticia de la captura del narcotraficante Otoniel me deprimió, pues me regresó a una época que creía jamás volvería, la de Rodríguez Gacha y Pablo Escobar. Muchos celebraron la captura de un capo del narcotráfico, cuando deberíamos estar celebrando logros en calidad de la educación, incrementos en la productividad total de factores o los avances en la inmunización contra el COVID-19. Pero no.
Todo el esfuerzo que se hizo para reducir las siembras de coca y las exportaciones de clorhidrato de cocaína a un tercio del nivel de comienzos de siglo se revirtió a partir del 2015. Hacia 2018, las siembras de coca se dispararon a más de 200.000 hectáreas y las exportaciones de clorhidrato superaron las 1.000 toneladas anuales. Así, volvieron a fluir las fuentes de financiación para los grupos armados ilegales, como las disidencias de las Farc lideradas por el jefe de negociación de La Habana, Iván Márquez, y se expandieron el Eln, el Cartel del Golfo y un sinnúmero de organizaciones criminales.
La plata del narcotráfico está financiando campañas políticas, sobornando funcionarios y, lo más grave de todo, incrementando la violencia en las ciudades y el asesinato de quienes se oponen a sembrar coca y a combatir el comercio ilícito. El renacer del narcotráfico se suma a otros graves problemas, como el apoyo del régimen de Maduro a los grupos armados ilegales, la inmigración de 1,8 millones de venezolanos, el populismo y, como si todo esto fuera poco, una plaga llamada COVID-19.
No dudo en afirmar que, otra vez, el narcotráfico es el principal problema del país. Hace casi medio siglo, esta industria ilícita emergió en un país con un Estado históricamente débil, incapaz de producir unos bienes públicos esenciales y mantener el monopolio de la fuerza legítima sobre todo el territorio. ¿Qué podemos hacer para que varios de nuestros dirigentes políticos, juristas e intelectuales entiendan que sin gobernabilidad del Estado Colombia no es viable?
Un primer paso es invitarlos a leer el magnífico libro Entre águilas y dragones. El declive de Occidente, de Emilio Lamo de Espinosa (Espasa, 2021), en el que argumenta que la gobernabilidad de un Estado se ha basado siempre en dos elementos: “La fuerza del derecho y el derecho de la fuerza”. Y para elaborar esta máxima afirma: “Los Estados, antes de ser Estados de derecho o democráticos, son Estados, y no existen sin el monopolio de la violencia que proporciona el bien social más preciado: la seguridad. Un mundo hobbesiano basado solo en la fuerza es ingobernable, pues, como le recordaba Talleyrand a Napoleón, nadie se puede sentar a gobernar sobre las bayonetas. Pero un mundo puramente kantiano basado solo en normas necesita de fuerza que haga valer el imperativo categórico del momento, y sin lo que los anglosajones llaman law enforcement, el derecho vale bien poco. No hay Kant sin Hobbes, como no hay Hobbes sin Kant”.
Es inconcebible pensar que Estados Unidos llegue a tolerar la presencia de ejércitos ilegales en Wisconsin o Tennessee, o Francia en la Bretaña, o el Reino Unido en Gales. Como en esas democracias, en Colombia tampoco podemos tolerarlo y un propósito nacional debe ser que el Estado finalmente adquiera el monopolio de la fuerza en todo el territorio. Pero para alcanzar este gran propósito nacional tenemos que erradicar el narcotráfico, o no seremos viables como país.
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