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En los últimos días, varias encuestas han señalado a la inseguridad como la principal preocupación de los colombianos. Consistente con esta señal que envía la ciudadanía, una encuesta de Invamer indica que un 95 % de los encuestados desea que los manifestantes de la protesta social marchen en forma pacífica. Además, un 75 % de los entrevistados expresó su desacuerdo con que los manifestantes cierren vías, pero tanto o más interesante, un 67 % de los encuestados dijo estar de acuerdo con que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) intervenga cuando las manifestaciones y protestas afecten a otros ciudadanos. Y, en forma semejante, un 80 % manifestó estar de acuerdo con la intervención del Esmad cuando sea en defensa propia y cuando sea atacado por los manifestantes.
Otra excelente señal en favor de la seguridad la dio la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el martes de la semana pasada, cuando en reunión del consejo superior de la Universidad Distrital, rechazó en forma tajante el vandalismo y los hechos de violencia que han protagonizado estudiantes de esa y de otras universidades. Después de escuchar la lectura de una carta de la Red Distrital de Derechos Humanos, en la cual se denunciaba que, durante la reciente protesta de Fecode, la Fuerza Pública habría ingresado a la universidad y habría utilizado una fuerza desmedida y lanzado gases lacrimógenos contra los estudiantes, la alcaldesa planteó un escenario muy diferente. Después de ver varios videos, mostró cómo varios encapuchados rompían los andenes y desde el primer piso y la azotea del edifico de ingeniería lanzaban piedras y bombas molotov a los policías que estaban en la calle, lo que resultó en cinco personas heridas. Señaló que los policías no utilizaron armas y se defendieron con escudos, bastones y aturdidores. Al tiempo que reiteró su apoyo a las manifestaciones pacíficas, también recalcó que la policía va a actuar frente al vandalismo bajo las reglas del protocolo que privilegia el diálogo y que tiene como última instancia la actuación del Esmad. Y, para no dejar duda, afirmó que “no hay territorio vedado para la Fuerza Pública” en la ciudad.
Con esta firme posición, la alcaldesa ha enviado un mensaje muy claro y consistente con el clamor general de la ciudadanía, que percibe la inseguridad como una de sus principales preocupaciones. Más pronto que tarde, todos los sectores políticos y todos los actores que se han unido a la protesta social, en particular los estudiantes, deberían dejar muy claro su rechazo al vandalismo y a la violencia. En particular, deberían manifestar su absoluto rechazo a los grupos de encapuchados que se infiltran en las manifestaciones con el solo propósito de desestabilizar la ciudad y el país. Además, como lo han señalado varios medios de comunicación, existen indicios muy fuertes sobre la incidencia de actores violentos, como las disidencias de las Farc y otros grupos armados ilegales, en las manifestaciones y actos de los manifestantes. Pero, más allá de un apoyo a la fuerza pública como consecuencia del rechazo de la ciudadanía a la violencia, todos los líderes sociales y políticos deben ser muy conscientes de que, sin el monopolio de la fuerza legítima por parte del Estado, sin orden y sin eliminar el miedo de unas personas a otras, ni Colombia ni ninguna otra sociedad será capaz de proveer efectivamente otros bienes materiales y morales.