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Hace 77 años, el filósofo Ernst Cassirer argumentó que uno de los grandes problemas de la modernidad ha sido la superespecialización del pensamiento y, en particular, de las ciencias sociales. En la tercera década del siglo XXI dicha superespecialización continúa y disciplinas como la ciencia política, la economía o el derecho van cada una por su lado, con lenguajes casi incomprensibles para los otros y aún más para el ciudadano común y corriente. Además, en medio de una campaña electoral, las redes sociales han resucitado el mito, la fábula, la superstición, la cábala o, simplemente, mienten en forma descarada.
En este escenario poco propicio para diagnósticos e hipótesis generalistas respaldados con datos empíricos verificables, me atrevo a plantear dos problemas estructurales que no solo explican nuestro bajo nivel de desarrollo, sino su mutua retroalimentación.
El primero es el bajísimo nivel de productividad de nuestra economía. Según la OCDE, la productividad promedio del trabajador colombiano es la más baja entre sus 42 países, de tan solo unos US$15, en tanto la media está en US$57 y la de Irlanda, que está de primera, supera los US$100. En otro estudio, la misma OCDE muestra que la productividad promedio de un trabajador colombiano es un 30 % inferior a la que teníamos hace medio siglo. En lugar de avanzar, retrocedemos. Esa bajísima productividad es una de las razones de la inmensa informalidad, que se estima en un 63 % de los ocupados, pero, bien medida, puede alcanzar mas de un 80 %. Esto quiere decir que una mayoría de las empresas y trabajadores tienen ingresos muy reducidos, lo que explica el bajísimo número de entidades y personas que declaran renta y pagan impuestos.
Así, el menguado recaudo de impuestos es una causa, aunque no la única, de nuestro segundo gran problema estructural, que es la debilidad del Estado, materializada en su incapacidad para contar con el monopolio de la fuerza sobre todo el territorio y para proveer una justicia adecuada. Agravada por la expansión exponencial del narcotráfico entre 2015 y 2018, que el gobierno de Iván Duque logró contener, en varias partes del país persiste la anarquía y proliferan grupos armados ilegales financiados por el narcotráfico, como las disidencias de las Farc, el Eln y otros carteles. Un Estado débil, incapaz de proveer bienes públicos esenciales como seguridad física y jurídica, es entonces también responsable de una baja tasa de inversión e innovación del sector privado, lo que explica el bajísimo nivel de productividad y la informalidad. La causalidad, entonces, va en ambas direcciones. Una baja productividad genera un Estado débil y un Estado débil es responsable de una baja productividad. Qué bueno sería que los juristas, politólogos y sociólogos se interesaran más por la baja productividad de la economía y que los economistas entendiéramos por qué el Estado es tan enclenque. Si todos entendiésemos esta doble causalidad, podríamos comprender la magnitud del abrumador reto que tenemos por delante, y con base en ese diagnóstico también podríamos comenzar a responder al jalón de orejas que nos hizo Ernst Cassirer hace 77 años.
Nota. Mis recomendaciones de lectura para fin de año: Entre águilas y dragones. El declive de Occidente, de Emilio Lamo de Espinosa (Espasa, 2021); El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana, de Carlos Malamud (Alianza Editorial, 2021); Ciudad, igualdad, felicidad, de Enrique Peñalosa (Villegas Editores, 2021).
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