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En la madrugada del jueves, el Senado de la Argentina aprobó por amplia mayoría la modificación de la carta orgánica del Banco Central para permitirle prestar recursos al Gobierno.
En la práctica, la medida pone a completa disposición del gobierno de Cristina Fernández los US$47 mil millones de reservas del instituto emisor, tanto para pagar deuda externa como para financiar gasto corriente. Mientras la presidenta calificó la decisión del Senado como un “hecho histórico”, los economistas y analistas podrían estar de acuerdo con tal calificativo, pero por razones diametralmente opuestas a las que ofrece el oficialismo. El Gobierno está gastando mucho más de lo que tiene, lleva tres años de déficit fiscal y desde 2009 el gasto público se ha más que duplicado. Las cifras oficiales señalan que el déficit fiscal alcanzó un 2,8% del PIB, número que, comparado con los déficits de Grecia, España o Irlanda, no parece muy alto, pero sí lo es para los analistas que no olvidan los eventos catastróficos del pasado.
No olvidan que, como consecuencia de la fuga de US$18 mil millones, durante los primeros 11 meses de 2001, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, restringió los retiros de los bancos, luego devaluó la moneda, lo que llevó al fin de la paridad de uno a uno con el dólar estadounidense, que regía desde 1991, y a una pérdida masiva de ahorros para la gente. Los argentinos tampoco olvidan que la nacionalización de los fondos de pensiones, en 2008, fue un subterfugio de maquillaje de las cuentas fiscales para colocar las cotizaciones de los trabajadores como si fuesen ingresos fiscales, cuando en realidad son un rubro de financiamiento.
La medida que acaba de tomar el Senado es la consecuencia directa de una fuga de capitales, que alcanzó US$21 mil millones durante 2011, un 88% más que el año anterior, fuga que no se había logrado mitigar con las restricciones a la compra de dólares en bancos y casas de cambio, lo que llevó a retiros diarios de US$100 millones en noviembre pasado. Ante estos retiros, las autoridades prohibieron, además, los giros de dólares que los argentinos podrían realizar en cajeros del exterior, a no ser que estuviesen respaldados, en la misma moneda, en una cuenta dentro del país. Ante la ineficacia de la medida, implementaron el control a las importaciones, que, en adelante, deben ser aprobadas por el Gobierno, previa una declaración juramentada.
En este contexto, la disposición que acaba de aprobar el Congreso argentino debe ser vista como un acto desesperado. A pesar de los muy favorables términos de intercambio, ha habido un pésimo manejo fiscal, un populismo desbordado, mucha corrupción y fraude en las cifras económicas, lo que ha causado una creciente desconfianza. En tanto las cifras oficiales situaron a la inflación durante 2011 en un 11,5%, los analistas más respetados y los mismos sindicatos la sitúan en más de un 25% y así han renegociado los ajustes salariales. En momentos en que la economía necesita urgentemente volver a los mercados de capitales y estimular la inversión extranjera, el gobierno nacional y varios provinciales están caducando las licencias de explotación de varias petroleras extranjeras. Con el acceso directo a las reservas del Banco Central, en un hecho realmente histórico, la inquilina de la Casa Rosada ha oficializado que el sofá, el piano, los otros muebles y la nevera están en venta. Es el comienzo del final.