Estado e información

En la literatura económica hay una vasta área dedicada a las llamadas “fallas de mercado”, que ha dado lugar al otorgamiento de premios Nobel a economistas como Joseph Stiglitz, por sus contribuciones sobre los efectos de las asimetrías de información. Infortunadamente, la literatura sobre las “fallas del Estado” no ha sido tan copiosa. Eso es de lamentar, porque su papel es crucial y porque los Estados también fallan muchísimo debido al clientelismo, a la politiquería, a la incompetencia, al rezago tecnológico, entre otras razones. Además, aquí y en todas partes, los sistemas políticos también presentan fallas notorias que agravan las fallas del Estado, como son los incentivos de algunos aunque no todos los partidos, movimientos y dirigentes a ponderar las futuras elecciones, las futuras condecoraciones, pero no las futuras generaciones.

En términos más técnicos, la literatura de la economía política argumenta que el Estado en un país como Colombia enfrenta los siguientes tipos de problemas: primero, asimetrías de información entre gobernantes y gobernados; segundo, el llamado problema de “los comunes”, cuando un recurso común, como el petróleo, genera sobreexplotación (no se ahorra) y conduce a una mala asignación de los recursos; tercero, problemas de inconsistencia en el tiempo, cuando resulta óptimo acordar reglas e incumplirlas después; cuarto, problemas de agencia, cuando los servidores públicos anteponen sus intereses particulares sobre el bien común. Estos problemas no son tan graves en países pequeños y homogéneos, como pueden ser Singapur, los países nórdicos, Países Bajos o Hong Kong, pero se agravan en países con población más numerosa, con gobiernos con muchos agentes y estamentos, con geografías complejas, con fracturas regionales pronunciadas, con variados niveles de desarrollo en su interior y con alta informalidad, como puede suceder en Colombia. A estos desafíos habría que añadir los legados históricos, muy valiosos en muchas áreas, pero defectuosos en otras, como la incapacidad del Estado para tener el monopolio de la fuerza sobre todo el territorio.

Para los cuatro problemas antes mencionados, la literatura académica prescribe diferentes políticas, que por espacio no puedo tratar aquí, pero una es transversal a todos los flagelos: la información transparente, en línea y en tiempo real. Cuando sentimos los devastadores efectos de la pandemia del coronavirus, cuyo enfrentamiento exitoso también exige masivos registros administrativos de información, deberíamos comenzar a pensar en una reforma integral del Estado. Dicha reforma podría iniciar con un diagnóstico y creo que será fácil ponerse de acuerdo en que una de las principales debilidades del Estado en Colombia, pese a lo que se ha avanzado, es su opacidad, las asimetrías de información entre los gobiernos de todos los niveles y los ciudadanos, la precariedad de la rendición de cuentas, la inexistencia de sistemas de ejecución de presupuestos en línea, en tiempo real y de libre acceso a los ciudadanos, la ausencia de registros administrativos universales y unificados, entre otros. Para ese propósito, este podría ser el momento de retomar reflexiones pasadas, como la “Visión Colombia Segundo Centenario 2019” (DNP, 2005), en donde la política de información tuvo una centralidad inédita hasta entonces y cuyos diagnósticos y recomendaciones de política de esos años siguen aún vigentes. Jamás podemos olvidar que la información es a las políticas públicas como lo es el agua para el pez, ni tampoco el consejo de la abuela Hersilia, cuando decía que el mejor desinfectante es la luz del sol.