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Es absolutamente condenable el bellaco atentado que les costó la vida al conductor y a uno de sus escoltas y que, por muy poco, le cuesta la vida a Fernando Londoño.
Le creo al Gobierno cuando dice que no está claro aún quién es el autor de este atentado, así como está claro que fueron las Farc las responsables del carro bomba que fue desactivado ese mismo día en el centro de Bogotá. O sea que, al tiempo que habla de paz y de participación en la política activa, esta organización sigue con actos terroristas para matar a miembros de la Fuerza Pública y para ejecutar a otros colombianos como medio para llegar al poder.
Este hecho opacó la publicación por parte del DANE de las cifras que señalan la significativa baja de la pobreza y que son consistentes con el elevado crecimiento del PIB y una gran generación de empleo en los dos últimos años. Infortunadamente, este atentado y las notas de prensa que hablan a diario de otras organizaciones como ‘Los Urabeños’, las ‘Águilas Negras’ o ‘Los Rastrojos’, que extorsionan y siembran el terror por muchas partes del territorio, nos recuerdan que, como sociedad, no tenemos un Estado que cumpla su función fundamental que, de acuerdo con Max Weber, es la de tener el monopolio de la violencia legítima. Los que tienden a ver el vaso medio lleno argumentan que el crecimiento y la reducción de la pobreza son la prueba de que estos problemas institucionales o no son tan graves o ya los estamos dejando atrás. Pero, por otro lado, están quienes tienden a ver el vaso medio vacío —muchos de ellos extranjeros— y argumentan que un país cuyo Estado no tenga el monopolio de la fuerza tiene un problema estructural profundo. Entre estos últimos se encuentran Daron Acemoglu, profesor de MIT, y James Robinson, de Harvard, quienes en un libro que es aclamado en el mundo, argumentan que, precisamente por esas razones, Colombia, como está hoy en día, no es un país viable. Para estos autores un país con este problema de fondo bien puede crecer por un período pero, tarde o temprano, la precariedad de sus instituciones políticas echa todo a perder.
Creo que, efectivamente, Colombia tiene un problema estructural cuando el Estado no tiene el monopolio de la violencia legítima, pero también creo que estamos significativamente mejor que hace diez años, cuando la guerrilla y los grupos paramilitares controlaban buena parte del territorio y la tasa de homicidios estaba alrededor de un 70 por cien mil habitantes. Pero es indudable que el problema a resolver siga siendo el mismo: ¿cómo hacemos para que el Estado tenga el monopolio de la fuerza legítima? Si los casos del Reino Unido, con el Ira, y España, con Eta, son modelos a seguir, un prerrequisito es necesario: la estrategia que se adopte debe estar respaldada por todas las fuerzas políticas democráticas. Los partidos y movimientos políticos pueden estar en desacuerdo en todo, pero —sin excepción— tienen que estar de acuerdo en la estrategia hacia la paz. Y eso pasa por un gran acuerdo nacional de todos los demócratas, Gobierno y oposición, alrededor del jefe del Estado. Mientras eso no suceda, será muy difícil avanzar. Pero, como ciudadano, no pierdo las esperanzas de que, más pronto que tarde, dicho acuerdo se logre.