Ideas viejas, fracasos nuevos

El problema no radica en la prioridad que se le quiera asignar a un valor específico, sino en negarse a aceptar que, a partir de determinado momento, la ponderación extrema de un valor puede llevar al sacrificio de otros.

Esta idea la plantearon con gran contundencia Max Weber e Isaiah Berlin. La libertad llevada al extremo, dijo Berlin, es la de un zorro en el gallinero y conduce al sacrifico completo de la igualdad. Por su parte, la igualdad llevaba al extremo lleva necesariamente al sacrificio de la libertad.

En estas circunstancias, ¿cuánta igualdad y cuanta libertad debe tener una sociedad? Y ¿cuándo orden y seguridad? Y, ¿en que magnitudes debemos combinar estos con otros valores? La cruda verdad es que no sabemos. Por eso, al planteamiento filosófico de Berlin se lo ha llamado “liberalismo agobiante”.  Como los dioses griegos, los valores luchan unos con otros por la adoración y el fervor de los seres humanos. Consciente de esta realidad, Habermas argumentó que una democracia debe ser deliberativa para que, solo después de amplias y bien reglamentadas discusiones y debates, sean los mismos ciudadanos quienes decidan “la igualdad de los iguales y la desigualdad de los desiguales.”

Esa democracia deliberativa no existe en Venezuela porque el régimen destruyó la separación de poderes, censuró los medios de comunicación y ha detenido arbitrariamente a los opositores políticos. Venezuela es ya una sociedad sin libertad.

Un segundo gran error conceptual y práctico que enfrenta un régimen como el de Venezuela o de Cuba es que olvida que, antes que repartir y distribuir, la riqueza tiene que ser producida. No se puede ordeñar sin tener la vaca o ensillar sin tener el caballo. ¿Quién debe producir y quien debe generar la riqueza? Una respuesta definitiva a estas preguntas tampoco la ha proporcionado ni la filosofía política ni ninguna ciencia social. Pero sabemos que un Estado debe tener el monopolio de la fuerza, la justicia y la tributación, pero, infortunadamente, en muchas partes de Venezuela, esas funciones las controlan mafias privadas.

Y, con relación a los bienes y servicios mercadeables, las duras y porfiadas lecciones de la historia nos han enseñado lo que no se debe hacer. Un Estado no puede pretender que las empresas -públicas o privadas- operen con precios inferiores a los costos de producción o que no puedan hacer las reservas necesarias para reponer los activos productivos. El control de precios ha destruido la producción privada y también la de fábricas y fincas nacionalizadas. Por su parte, la falta de reposición de capital y nueva inversión ha colapsado la producción de petróleo y la generación de energía.

La implosión que enfrenta Venezuela es el resultado de viejas ideas que, repetidamente, se han demostrado fallidas a lo largo de la historia. Por supuesto, el daño más grave se produce cuando dichas ideas se plasman en textos constitucionales y en las leyes que los desarrollan.