La informalidad, ¿qué hacer?

Con tantos problemas que requieren medidas urgentes, la oposición decidió abrirle al ministro de Hacienda un debate político, completamente contaminado por el llamado “sesgo cognitivo de retrospectiva”. Este consiste en dar por supuesto que, cuando alguien tomó una decisión en el pasado, lo hizo no solo con las circunstancias e información disponible hasta ese momento, sino también con todo lo que efectivamente sucedió muchos años después. Sin explicitarlo, se está argumentando que el ministro tendría facultades de conocer el futuro, como los dioses, pero algo imposible para los seres humanos. Bajo esta lógica, se llegaría a unas explicaciones históricas absurdas, como que el mismo Julio César habría sido culpable de su propio asesinato, por haber acabado la república.

Tenemos que dedicarnos a tareas realmente provechosas, mirando hacia delante, y enfrentar problemas críticos, como la informalidad laboral y empresarial. Afortunadamente, existe casi un consenso con las cifras de este dañino fenómeno. Solo un 30 % del millón y medio de empresas declara renta, y solo 3.400 empresas pagan un 80 % de los recaudos de las personas jurídicas. Según las encuestas de hogares, de los 22 millones de ocupados que hay en Colombia, solo ocho millones cotizaron salud y pensiones el mes anterior, por lo que la informalidad laboral es de un 64 %. Pero si se investiga cuántos cotizaron regularmente todos los meses en el último año, la respuesta es de solo 2,4 millones, una cifra muy similar a los 2,6 millones de personas naturales que declaran renta. De acuerdo a esta cifra, ¡la informalidad laboral sería de un 89 %!

Con semejante informalidad, no es viable la seguridad social y no extrañan los altísimos niveles de desigualdad y pobreza, la bajísima productividad y los magros recaudos fiscales.

¿Qué hacer, entonces? Recogiendo conclusiones de trabajos académicos y experiencias de políticas en ejecución en países como India y Grecia, se podría trabajar en cuatro frentes. Primero, hay que seguir reduciendo las cargas e impuestos al trabajo, comenzando por reconocer que diez millones, de los 22 millones de ocupados, ganan menos de un salario mínimo legal. Así, no tiene ningún sentido que el salario mínimo sea el mismo en la zona industrial de Bogotá y en la Guayacana, en Nariño, o en López de Micay, Cauca. Segundo, hay que reducir gradualmente el uso del efectivo, el caldo de cultivo para la informalidad, la ilegalidad y la criminalidad. Es imperativo eliminar los billetes de alta denominación, incentivar los pagos electrónicos, estimular el uso de sistemas transaccionales móviles y un sistema de identificación digital o biométrico generalizado. Tercero, no hay que esperar más para eliminar el impuesto a las transacciones financieras, un gran estimulante del uso del efectivo. Cuarto, es imperativo aumentar la productividad, con una agenda que incluye multitud de acciones en todos los niveles de educación y formación para el trabajo, pero una debería ser inmediata: la reforma del SENA. Esta institución debe formar trabajadores para la sociedad de la información y comunicaciones, con capacidades para enfrentar los retos de la digitalización, la robotización, los algoritmos y el internet de las cosas, para todo lo cual el SENA requiere un nuevo gobierno corporativo, aislado del ciclo político y totalmente ajeno al clientelismo y la corrupción.

Con buena voluntad y una mente abierta a alcanzar acuerdos, es posible resolver un problema tan crítico como este de la informalidad.

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