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Se reúne esta semana en Medellín el Foro Económico Mundial para Latinoamérica, con una lista de temas que tratan problemas presentes y desafíos futuros para nuestros países. Varias de las sesiones abordan la problemática de la inclusión socioeconómica desde el punto de vista del relanzamiento del crecimiento, el desarrollo financiero, la innovación urbana o la llamada nueva economía móvil.
Aciertan los organizadores d el FEM al prestarle una particular atención a la inclusión socioeconómica porque uno de los problemas más agudos de América Latina es la informalidad. Y no exagero al afirmar que, en Colombia, la informalidad está en la base de otros problemas críticos, como la pobreza, la desigualdad, el desaprovechamiento del bono demográfico, la baja cobertura en la seguridad social o los bajos recaudos tributarios y, por lo tanto, la complicada situación fiscal.
Las cifras de informalidad de Colombia son estremecedoras. De los 22 millones de trabajadores, solo un poco más de siete millones cotizan a la seguridad social contributiva, lo que implica que un 65% de los ocupados son informales; según el DNP, un 58% de los predios rurales no tienen catastro o plenos títulos y una parte considerable del 42% los tiene en forma precaria; dos terceras partes de las construcciones de nuestras sociedades son informales; de más de un millón de empresas, tan solo unas 3,300 pagan un 70% de todo el impuesto de renta; y de 4,3 millones de bovinos que se sacrifican anualmente en Colombia, solo un 18% se comercializa formalmente. Y cuando se extiende la lista de las actividades informales, la frontera con la economía ilegal se torna cada vez más difusa, hasta que nos topamos con las plantaciones de coca, que han alcanzado unas 150.000 hectáreas, una minería ilegal en expansión y un contrabando que, según la DIAN, representa un 2,5% del PIB.
Foros como el FEM de Medellín nos deben ayudar a crear plena conciencia del tamaño y de las consecuencias de la informalidad.
Para dar tan solo un par de ejemplos, la enorme informalidad laboral es la causa de la baja cobertura en la seguridad social contributiva, pero también está haciendo que Colombia desaproveche el llamado bono demográfico, lo que puede tener consecuencias devastadoras para las próximas generaciones. Porque, aunque en teoría en Colombia tenemos unos seis trabajadores activos por cada adulto mayor de 65 años, si tenemos en cuenta únicamente los que cotizan a la seguridad social, en realidad solo tenemos dos. Esto quiere decir que la mayoría de nuestra población joven, por ser informal, no solo no cotiza a la seguridad social, tampoco ahorra o tiene acceso al sector financiero. De esta forma, el ahorro agregado no es lo suficientemente grande para sustentar mayores tasas de inversión y de crecimiento y permitir que se consolide, así, una mayor base productiva para cuando la proporción de adultos mayores alcance los niveles que ya existen en Europa o Japón.
Como los impuestos solo los paga la economía formal, la informalidad es también responsable de tasas impositivas demasiado elevadas que recaen sobre muy pocas personas y empresas, las que, según el Banco Mundial, alcanzan a pagar en impuestos más de un 70% de sus utilidades.
El FEM de Medellín debe dar luces para combatir este problema estructural, quizá uno de los peores azotes de nuestras economías, para que finalmente los gobiernos tomen medidas contundentes para erradicarlo.