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En su pasada columna de El Tiempo, Alfonso Gómez Méndez argumentó sobre los peligros de la privatización del Estado.
Pero no se refiere a las actividades públicas que pasan a manos del sector privado, sino a la privatización del Estado por vía del clientelismo. Es decir, a la transacción que se realiza entre los gobiernos y sectores políticos cuando se presentan proyectos de ley o reformas constitucionales. Argumenta que, como ya no existen en la práctica partidos políticos, para que el parlamento tramite un proyecto o una reforma constitucional es necesario entregar ministerios, institutos descentralizados, superintendencias y otras entidades y puestos a grupos y sectores políticos. Y enfatiza que en esa transacción nace la corrupción administrativa y que, aunque los organismos de control y la justicia se empleen a fondo, mientras no se elimine esa práctica será imposible erradicar la corrupción. Por supuesto, no se puede generalizar este tipo de práctica a todos los partidos y movimientos pero, infortunadamente, el análisis de Gómez Méndez es muy certero y es muy valioso para la discusión sobre la naturaleza del Estado en Colombia. Porque el clientelismo, que es un fenómeno viejísimo, ilumina muchas de las verdaderas razones que motivaron la privatización de varias empresas que anteriormente estuvieron en manos del Estado. Pero, contrario a lo que muchos creen, la privatización “neoliberal”, como también la llaman, no se dio en varios sectores y, por el contrario, numerosas empresas públicas no sólo se han fortalecido, sino también se han convertido en verdaderas multinacionales. Este es el caso de Ecopetrol, varias empresas de generación y transmisión de energía, como ISA, Isagén, EPM o la EEB. Por ejemplo, ISA es una empresa de capital mayoritariamente público, que salió a cotizar en el mercado de valores y es el principal transmisor de electricidad en Colombia, Perú y Brasil y en unos años lo será en Chile. Igualmente, es el principal concesionario de carreteras en Chile, país que tiene las mejores autopistas de América Latina. Estas empresas, aunque son públicas, tienen gobiernos corporativos semejantes a los de las mejores empresas del sector privado y, por lo tanto, lograron erradicar la injerencia de la política partidista. En otros sectores y empresas, como Telecom, fue imposible la erradicación del clientelismo y la vía empleada para la prestación de los servicios de comunicación fue la venta al sector privado. No sobra decir que, inducida por un cambio tecnológico, la privatización logró en pocos años una cobertura de telefonía móvil del 100%, cuando en el viejo modelo público la cobertura de telefonía fija alcanzó un 17%.
Visto así, el modelo colombiano no ha sido neoliberal, sino un híbrido en donde conviven empresas privadas, empresas públicas eficientes y también un aparato clientelista. Además, contrario a lo que pasó en la casi totalidad de países de América Latina, en Colombia se mantuvo el Departamento Nacional de Planeación y se fortaleció la red de superintendencias y entidades regulatorias, aunque su nivel y calidad no es uniforme. La discusión no es, entre el sector público versus el privado, sino también entre un sector público eficiente y un sector público clientelista y corrupto. Confío en que los gobiernos corporativos de empresas públicas, como los de ISA o de Isagén, puedan llegar también algún día a todas las entidades del Estado.