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En el contexto de la región, las cifras de crecimiento del PIB de Colombia lucen buenas. Hay razones para pensar que el PIB crecerá un 5% este año, en tanto en Chile se pronostica que difícilmente superará el 2%, a Brasil le va bien si crece más del 1% y Perú también ve tasas más reducidas que las de pasados años.
Con cifras tan favorables de crecimiento, que en principio deberían incrementar o mantener altos los recaudos del Gobierno, ha sorprendido el anuncio de una nueva reforma tributaria, cuando, hasta hace poco, se había anunciado que no hacía falta. Además tomó por sorpresa que había un hueco de $12,5 billones, aun antes de los programas nuevos de la segunda administración presidencial, como la construcción de otras 300.000 viviendas gratis, el plan de equidad y Colombia Educada. Y, según el periódico virtual Primera Página, el consejero Sergio Jaramillo ha anunciado que el acuerdo de paz con las Farc costará unos $40 billones.
Hasta ahora, el debate se ha centrado en cómo tapar el hueco de los $12,5 billones, para lo cual se ha planteado revivir el 4 x 1.000 y el impuesto al patrimonio, con un posible aumento tanto en su tasa como en su base. También, como ha sugerido Fedesarrollo, se ha planteado incrementar el IVA.
Es decir, seguimos en plan de remendar una estructura fiscal que ya se quedó corta para un país que quiere dejar la adolescencia para entrar a la edad adulta de la OCDE. Un país que exige que no le estiren más las mangas o le acomoden la cintura para una mayor barriga o le doblen cuello, sino que pide un traje nuevo para adulto.
En alguna medida, la nueva estructura fiscal se ha podido posponer porque los años pasados fueron excepcionales en términos de muy altos precios de los bienes básicos y bajísimas tasas de interés. Pero, como escribí a finales del año pasado, la fiesta terminó para la mayoría de los países de la región y en Colombia ha durado unos meses más.
Y, como sucede con tantas cosas en la vida, en la época de las vacas flacas se manifiestan, no sólo las causas inmediatas de la estrechez, sino sus factores más estructurales. Así, sorprende que casi nadie esté estableciendo la relación entre el costo de la seguridad social en el presupuesto y el bajísimo número de cotizantes de los regímenes contributivos en salud y pensiones.
En este sentido, la comparación entre España y Colombia es, no sólo ilustrativa, sino dramática. Los dos países tienen prácticamente la misma población (46,5 millones allá, 46,2 acá), muy parecida población en edad de trabajar (38,5 versus 36,8 millones), y casi igual población económicamente activa (22,8 contra 23,5 millones). La gran diferencia radica en que en España, de esos 22,8 millones, 16,3 cotizan a la seguridad social, mientras en Colombia sólo lo hacen 7,5 millones. Definida así la informalidad laboral, en España es de un 29%, en tanto en Colombia alcanza un 68%.
La pregunta que surge es: ¿hasta cuándo aguantará el país soñando con crear un Estado del bienestar sustentado en tan altos niveles de informalidad y en tan pocas empresas sobre las que recae el peso de mayores impuestos?
¿Hasta cuándo tendremos que esperar por un programa económico que plantee las reformas estructurales que necesita el país?