¿Por qué no debaten?

Varios editoriales y columnas de opinión han criticado la renuencia de algunos candidatos a la Presidencia a participar en debates organizados por diferentes universidades, periódicos y gremios. Los medios de comunicación informan que Óscar Iván Zuluaga, Marta Lucía Ramírez y Clara López han asistido a varios debates, en tanto Enrique Peñalosa y el presidente Santos se han excusado. Peñalosa ha argumentado que lo hace por mantener la imparcialidad, pues ha recibido centenares de invitaciones y, dado que no puede aceptarlas todas, no habría razón para preferir, por ejemplo, la Universidad de los Andes a la Universidad del Chocó o a la del Minuto de Dios. Por su lado, el presidente Santos ha dicho que no puede asistir a todos los debates porque tiene que seguir ejerciendo sus funciones como presidente. Si bien estas explicaciones suenan convincentes, el verdadero argumento que deberían dar para no asistir a un debate en un recinto cerrado es que muy pocas personas se beneficiarían de conocer sus argumentos y apreciar sus talantes. Mientras ellos asisten a una universidad, la gran mayoría de los colombianos nos quedamos sin saber cómo piensan, argumentan, discuten y responden los candidatos a preguntas bien elaboradas por expertos.

Por eso, lo que deberíamos pedirles —quizá exigirles— es que acepten participar en unos cuatro debates por televisión, transmitidos en vivo por los canales nacionales y en horario triple A. Porque, como sucede en la gran mayoría de las democracias maduras, los colombianos tenemos derecho a conocer las propuestas que cada candidato tiene para ejecutar en caso de llegar a la presidencia. Tenemos derecho a conocer su posición sobre el proceso de paz, los cambios que le harían de llegar a la presidencia, el alcance que debería tener la justicia que se aplique a los líderes guerrilleros y su status político después de firmada la paz. Tenemos derecho a saber qué van a hacer para mejorar la calidad de la educación, comenzando por los programas para la primera infancia, la formación de los futuros maestros, los programas de capacitación de los actuales profesores, su posición sobre la doble jornada. Tenemos derecho a preguntarles qué van a hacer para eliminar la enorme informalidad laboral, que alcanza un 67% de los actualmente ocupados. Tenemos derecho a conocer qué van a hacer con los problemas de la justicia y los organismos de control, el deterioro del medio ambiente, el atraso de la infraestructura o el fallo de La Haya sobre San Andrés, entre otros temas.

Tenemos también derecho a hacernos una idea de su carácter, de sus capacidades para plantear ideas, para escuchar las ideas contrarias, su capacidad de crítica y, sobre todo, su talante para aceptar las críticas de los otros. Pero, sobre todo, tenemos derecho a que nos cuenten por qué quieren ser presidentes. Tenemos derecho a saber qué entienden por una sociedad justa, si es justa solo porque respeta la libertad de escoger y redistribuye mejor el producto interno bruto, o porque también inculca en sus ciudadanos y, sobre todo, en sus políticos, las virtudes cívicas y los valores morales y éticos para el bien común. Tenemos derecho, en fin, a que nos digan con qué país nos invitan a soñar un futuro, no solo para las generaciones actuales, sino muy especialmente para nuestros hijos, para nuestros nietos y para todos los que vendrán después.

¿Es esto mucho pedir?