Una informalidad aterradora

Para decirlo con toda claridad, el Estado social de derecho cuesta y el costo hay que financiarlo y dicho financiamiento debe ser sostenible. El problema es que, cuando la informalidad es muy grande, los que pagan impuestos y cotizan a la seguridad social son muy pocos, pero los que reclaman los derechos sociales son muy numerosos.

Cuando eso sucede, pasan dos cosas. O se comienzan a subir las tarifas exageradamente a las pocas empresas y personas que pagan impuestos, o hay que racionar los servicios sociales y los bienes públicos. O las dos cosas. Así se comprende que, en gran medida, los problemas fiscales del país son una consecuencia directa de la informalidad.

Para dar un ejemplo, en Colombia cotizan a salud y a pensiones unos 7 millones de trabajadores (sin contar los pensionados que cotizan a salud), mientras que en España, un país que tiene una población económicamente activa igual a la nuestra (23 millones), lo hacen 17 millones. Es decir, aquí cotizan 10 millones menos. Esto explica la enorme fragilidad de nuestra seguridad social. Además, después de que la Corte declaró la constitucionalidad de la ley estatutaria de salud, que consagró el derecho ilimitado y sin restricciones de los beneficios a todos los colombianos, estamos esperando que alguien nos explique sus costos presentes y futuros, así como las fuentes de financiación de esta providencia, particularmente cuando la informalidad laboral es tan grande.

Para dar otro ejemplo, la reciente reforma tributaria revivió el impuesto al patrimonio, para marchitarlo y reemplazarlo con una sobretasa al llamado CREE durante los próximos tres años. El efecto neto de estas medidas es elevar el impuesto a las utilidades de las empresas a un 43%. Y, si se suman los parafiscales y los impuestos locales, más otras contribuciones, la tributación total alcanza un 75% de las utilidades.

¿Puede alguien pensar que esta situación es sostenible? Por supuesto que no lo es y no puede serlo cuando sabemos que el impuesto a la renta de las empresas es significativamente más bajo en los países vecinos. Eso hará que caiga la inversión extranjera, que muchos colombianos trasladen sus inversiones a otros países o que pasen a la informalidad, que ya es aguda en los sectores de confecciones, zapatos, plásticos, comercio, transporte o distribución de gasolina y de gas propano, entre otros.

Por todas estas razones, necesitamos con urgencia una deliberación bien estructurada de los grandes problemas nacionales, como la informalidad. A veces se los discute en los recintos cerrados de las universidades, pero jamás en los canales nacionales de la televisión, y menos en los horarios triple A. Solo así se creará conciencia necesaria para tomar las soluciones difíciles que, año tras año, posponen quienes deberían hacerlo. Y, por ser un bien público, dicha deliberación en los canales nacionales de televisión debe ser financiada por el Estado.