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¿Qué otras pruebas necesitan los gobiernos y los partidos democráticos de América Latina para condenar, o al menos protestar, por las arbitrariedades que continúa cometiendo contra la oposición el régimen de Venezuela?
El último capítulo en esta serie de sucesos ocurrió el pasado viernes, cuando el fiscal del juicio contra el líder opositor Leopoldo López huyó con su familia hacia la isla de Aruba. En un video, difundido en Internet, el fiscal Franklin Nieves reconoció que había contribuido a defender pruebas falsas en el juicio contra López, quien fue condenado a 13 años de cárcel por asociación para delinquir y daño de incendio. En la grabación, Nieves afirma que lo hizo “por presión del Ejecutivo Nacional y de mis superiores”, e invita a sus compañeros fiscales y jueces “a perder el miedo y a decir la verdad, a ser valientes, a levantar las voces y manifestar el descontento”.
En otro acto de represión, hace unos diez días, el excandidato presidencial y el político de la oposición, Manuel Rosales, fue detenido en Maracaibo, tan pronto se bajó de un avión que lo traía desde el exilio. Acusado en 2008 por enriquecimiento ilícito, Rosales fue trasladado a una celda de El Helicoide, una de las sedes del servicio bolivariano de inteligencia, en donde se encuentran muchos otros detenidos políticos, entre ellos su hijo Carlos.
La fuga del fiscal Nieves no fue, por supuesto, reportada por la mayoría de los medios de comunicación, cada vez más controlados o censurados por un régimen que oculta hechos, cifras y sucesos, tal como lo hacen los regímenes de Corea del Norte o de Cuba.
Mientras todo esto ocurre, nuestros propios medios de comunicación y nuestra Cancillería parecieran haberse olvidado que la frontera entre Colombia y Venezuela sigue cerrada, en un infructuoso intento de Nicolás Maduro por arreglar con un acto policial y de fuerza el fracaso monumental de su modelo económico. Un modelo basado en el control de precios y en la nacionalización de amplios sectores económicos, que ha desplomado la inversión y la producción, produciendo la inflación más alta del mundo y una tasa de cambio de mercado 100 veces más alta que la oficial, cifras que se ocultan a los ciudadanos pues dejaron de ser publicadas por el organismo de estadística.
Con miles de funcionarios públicos y militares fijando precios, nombrando gerentes y manejando empresas, no es de extrañar, entonces, que Venezuela tenga, además, uno de los peores indicadores de probidad institucional y de mayor corrupción del mundo de acuerdo a los indicadores del Foro Económico Mundial y del Banco Mundial. Y, no sobra decir, por supuesto, que el país vecino tiene también una de las tasas de homicidios más altas del planeta.
Pero estas cifras e indicadores no preocupan a sus actuales gobernantes porque las ocultan a sus ciudadanos, así como han ocultado las denuncias que acaba de realizar el fiscal Franklin Nieves. Y andan también despreocupados porque saben que cuentan con la complicidad de otros gobiernos autocráticos de la región.
Y, por alguna razón, parecen también anticipar el silencio de otros gobiernos y partidos de la región, que hacia adentro defienden los principios de la democracia liberal, pero callan ante los atropellos de esos mismos principios allende las fronteras. ¿Qué más debe suceder para que estos gobiernos y partidos políticos se pronuncien contra las ilegalidades del régimen de Maduro?