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Panamá vs. Colombia

Santiago Rojas
10 de agosto de 2008 – 03:06 p. m.

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Regresó de Ginebra la delegación colombiana que tiene a su cargo la defensa en el pleito que Panamá instauró contra Colombia en la Organización Mundial del Comercio por las medidas adoptadas para el control a las importaciones de calzado y confecciones.

Tarea nada fácil para el equipo colombiano. Las reglas de la OMC están diseñadas para liberalizar el comercio y parten del supuesto de la buena fe de los países, sin tener en cuenta que éste pueda estar afectada por casos de corrupción, contrabando o lavado de dinero.

Dentro de ese marco, un análisis frío de las normas del sistema multilateral de comercio podría concluir que Colombia está discriminando a las importaciones provenientes de Panamá, al impedir su entrada por lugares distintos a Barranquilla y Bogotá, y al imponer unos precios indicativos que, si bien en el fondo son precios de referencia y no son un examen de valoración, pueden llegar a verse como restrictivos al comercio. Ojalá el panel encuentre alguna fórmula para conciliar el libre comercio con las medidas de control que es necesario adoptar en casos como este.

Pero el problema de fondo no es la controversia en la OMC, sino la obligación de eliminar de una vez por todas el contrabando de productos chinos que se introducen a Colombia vía Panamá, especialmente de calzado, textiles y confecciones, que perjudica tanto a los productores nacionales como a los importadores legales de dichos bienes.

Es innegable que un porcentaje altísimo del contrabando que ingresa a Colombia utiliza la zona libre de Colón como trampolín de entrada. Y Panamá no hace nada al respecto y simplemente se lava las manos diciendo que es responsabilidad exclusiva de nuestro país el control en sus fronteras. Lo que desconocen las autoridades panameñas es que la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y el lavado de dinero, actividades que terminan financiando el terrorismo, es una responsabilidad de la comunidad internacional.

Hace falta un gran acuerdo entre los gobiernos de ambos países, que involucre tanto a los importadores que quieren hacer las cosas bien —que son muchos— como a los productores nacionales, que garantice que los productos provenientes de la zona libre entrarán al territorio colombiano legalmente y a precios reales. Un buen comienzo sería contar con un adecuado sistema de cruce de información. Pero desafortunadamente la falta de cooperación de Panamá en estos temas es asombrosa.

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