China versus la Corte Internacional de Justicia

 Hace unos años en Colombia se rumoraba que el gobierno de China había influido en la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para que ésta fallara a favor de Nicaragua en el conflicto limítrofe que tenía con nuestro país. La teoría de la conspiración fue creada por la ex canciller Noemí Sanín, apoyada en infundadas aseveraciones y conjeturas que demostraban poco conocimiento del tema. 

Según Sanín, una de las jueces del tribunal, que era de nacionalidad china, habría votado a favor de Nicaragua para favorecer a su país. La empresa que estaba por comenzar a construir el canal interoceánico era de China, y el corredor marítimo que Nicaragua recibiría de Colombia la permitiría a las embarcaciones de gran tamaño llegar canal sin hacer difíciles maniobras.

Lo que Sanín no sabía es que el gobierno de China no tiene relaciones diplomáticas con Nicaragua, que había desaconsejado a los inversionistas de su país invertir en el canal interoceánico, por tratarse de una empresa de dudosa solidez, y que su promotor era un empresario privado que no representaba al gobierno chino.

De hecho, el impulsor del proyecto, Wang Jing, que la prensa china apodaba «el loco del canal», perdió buena parte de su fortuna en la crisis bursátil china del 2015. Hoy lo más probable es que el canal no se construya.
          
Entretanto, la conclusión provisional al diferendo limítrofe la conocemos: la corte falló a favor de Nicaragua, la sentencia fue desacatada y el país se salió del Pacto de Bogotá.

Hoy China se enfrenta a un fallo de la Corte Internacional de Justicia que también será desacatado. Esto no es conjetura: el Ministerio de Relaciones Exteriores de China anunció hace meses que no reconoce la autoridad de la CIJ para fallar sobre su soberanía nacional. En el 2013, Filipinas presentó una demanda contra China para conciliar una disputa en torno al Arrecife Scarborough, en el mar Meridional de China. Desde entonces, China ha creado islas artificiales en la zona que se disputa, donde también construye pistas para aviones de su fuerza aérea.

La disputa tiene el agravante de que Estados Unidos utiliza esta zona como corredor para sus buques de guerra, y resulta de enorme interés estratégico para sus fuerzas militares en el Pacífico. Algunos se preguntan si el desacato de este fallo será el primer paso hacia la Tercera Guerra Mundial.

Yo no iría tan lejos. Sin embargo, el debilitamiento de las instituciones internacionales que regulan las disputas entre países no debería ser causa de celebración, pues son la estructura para una paz mundial duradera.

La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea no ha sido el único golpe que se le ha dado a las instituciones creadas por el rostro más amable, o menos feo (si se prefiere), de la globalización. La Organización de Estados Americanos, y su Corte Interamericana de Derechos Humanos, son menoscabadas por gobernantes autoritarios de izquierdas y derechas en la región, y las Naciones Unidas enfrentan una profunda crisis por su ineficiencia y dificultad para dirimir conflictos antes que se desaten. Desde el 2003, cuando Estados Unidos invadió a Irak sin su aprobación, viene cojeando.

Esto es grave. Si bien los escépticos de las bondades de estas instituciones sugieren que, para evitar una guerra entre superpotencias, la amenaza del uso de armas nucleares es un disuasivo más efectivo que una queja de las Naciones Unidas, el mundo es un lugar más seguro si la paz se construye con instituciones de diálogo, en lugar de amenazas.

China, sin embargo, no acatará el fallo, y Filipinas, por no decir ya Estados Unidos, tendrán que decidir si reaccionan a esto con algo más que una carta de protesta. Entretanto, la CIJ y los estados que la apoyan deberán reflexionar sobre la conveniencia de presentar fallos que no se acatan, y buscar estrategias más efectivas para solucionar las disputas internacionales.      

Twitter: @santiagovillach