El camino al infierno

El profesor John Ruggie estuvo en Cartagena hace un par de semanas durante un taller sobre los principios voluntarios y principios rectores, que son el nuevo paradigma que define la posición del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con respecto a cómo hacer responsable a la empresa privada de las violaciones a los derechos humanos. El profesor Ruggie fue el Representante Especial del Secretario General para la Empresa y los Derechos Humanos, y a raíz de una solicitud de Kofi Annan, elaboró entre el 2005 y el 2011 la Guía de Principios para las Empresas y los Derechos Humanos.

Desde un momento muy temprano, para Ruggie era evidente que en la realidad práctica no podría elaborar lo que algunos grupos defensores de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, esperaban: un tratado internacional que tuviera características jurídicas obligantes para con las empresas transnacionales, de la misma manera que los hay con los Estados. Ruggie descartó esta opción por la dificultad práctica que implicaba negociar un coloso normativo de este tipo.

En cambio, optó por crear unos principios voluntarios y principios rectores, que fueron velozmente aprobados por el Consejo de Derechos Humanos, y que no son obligantes con respecto a las multinacionales o a Estado alguno de las Naciones Unidas. Es decir, las empresas pueden no cumplirlos y no pasa nada. Las empresas han recibido gustosas la iniciativa de los principios voluntarios.

Muchos afirman que es preferible esto a no tener nada y que un primer paso siempre es preferible a no iniciar el camino hacia la solución. Sin embargo, una visión menos optimista es que la existencia de estos principios aplaza una solución que no dependa de la buena voluntad de las empresas. Si ya existen unos principios rectores aprobados por el Consejo de Derechos Humanos, ¿para qué iniciar un dispendioso proceso de reforma estructural?

Como la solución necesaria es imposible, apelamos a la “ley suave” y confiamos en la buena voluntad de los violadores en potencia de los derechos humanos.

Es la misma dinámica que tiene sin solución al otro gran problema del sistema internacional: el cambio climático.

Para que el mundo no corra el riesgo de tener un aumento de 2ºC durante el siglo XXI, que es el nivel a partir del cual habrá impactos significativos en la producción mundial de alimentos, según el Grupo de Expertos en Cambio Climático de la Unión Europea, es necesario que para el 2020 los países del primer mundo reduzcan entre 25% y 40% sus emisiones de dióxido de carbono. Estamos a seis años y medio de la fecha límite. Resulta ingenuo pensar que se cumplirá el objetivo.

Las conversaciones sobre el cambio climático se detienen cuando se proponen acuerdos vinculantes. Como anota Martin Wolf, columnista del Financial Times, las exigencias morales no han sido suficientes para motivar un cambio. El interés propio en el presente ha demostrado ser más poderoso que el interés en las generaciones futuras (o que el interés propio proyectado hacia el futuro).

Hasta ahora, la reducción de las emisiones de carbono ha dependido de las buenas intenciones de los Estados. El resultado de esta estrategia ha sido que entre el 2000 y el 2009, la emisión de CO2 en el mundo por habitante aumentó 16%.

Con buenas intenciones estamos pavimentando un camino al infierno.

Twitter: @santiagovillach