Una Corte mueca

De hecho, la semana pasada el presidente del Tribunal Popular Supremo de China, Zhou Qiang, dijo que su país debía crear un centro marítimo judicial para mejorar el trabajo de las cortes marítimas.

Con sólo estos precedentes, las ventajas para el gobierno colombiano, o para cualquier gobierno, de reconocer a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) son demasiado bajas. Si bien para el orden internacional y la paz mundial sería más conveniente que todos los países se suscribieran a los fallos de tribunales internacionales, el mundo está lejos de esta situación en la práctica. Si hay países que no van a acatar los fallos, pues ningún país tendrá el incentivo suficiente para acatarlos. Aceptar un fallo de la CIJ en cuestiones territoriales sería interpretado, en el mejor de los casos, como una muestra de debilidad por parte del gobierno desfavorecido, o en el peor, como una traición a la patria.

Las decisiones de la CIJ supuestamente son reforzadas mediante resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto, sin embargo, no sucede en muchos casos y tampoco le otorga una mayor neutralidad al proceso. El Consejo de Seguridad es un órgano imperfecto, que debe ser reformado y en el que hay una representación desproporcionada de las superpotencias enemistadas durante la Guerra Fría: unos países cuya influencia e importancia era mayor hace sesenta años que ahora (¿por qué Alemania, India o Japón no tienen puestos permanentes?). El Consejo de Seguridad tampoco es la instancia adecuada porque los países miembro tienen poder de veto. Esto deslegitima su papel y crea un segundo tribunal en la práctica.

¿Cuál es la solución?

Quizás un primer paso es reconocer el enorme grado de anarquía que impera actualmente en el ámbito internacional. El mundo está, para bien o para mal, en una etapa de reequilibrio de poderes. Partir de este hecho permitiría medir con más pragmatismo el poder real de las instituciones internacionales. La CIJ sólo puede ser efectiva si sus fallos se apoyan, no en el goodwill de los países que firmaron el Pacto de Bogotá, sino en consecuencias reales, como sanciones económicas. Si esto no es posible en todos los casos, pues quizás la CIJ debería revisar su competencia para fallar en cuestiones cuyo incumplimiento no se puede castigar.

Esto porque se está deslegitimando. Cada vez que un país, sea Colombia o China, decide no reconocer a la CIJ, su autoridad se ve afectada para resolver casos futuros. Quizás no debería ser un tribunal, sino un órgano de facilitación diplomática, que apoye procesos de resolución de conflictos en aras de lograr nuevos tratados bilaterales. Es preferible esto que una corte mueca y quizás a la larga sea mucho más efectivo para resolver algunos conflictos. En su papel actual no hace sino exacerbarlos.

La propuesta de China es que la CIJ no pueda fallar sobre disputas territoriales entre países. Si bien esto aleja al mundo de un ideal que vale la pena buscar, que es el de tener instituciones internacionales fuertes, cuya neutralidad y autoridad permita resolver pacíficamente disputas entre los países, en la práctica la CIJ no está logrando este objetivo. En el contexto actual es una tarea que está más allá de sus capacidades. Es por esto que sus objetivos deberían reformularse, antes de caer en la absoluta insignificancia.

Twitter: @santiagovillach