La ausencia abrumadora de los desaparecidos

Genocidas, dictadores y terroristas de diversas estirpes han sido expertos en la utilización de las desapariciones. Por la degradación de su conflicto armado interno, Colombia figura hoy entre los países con mayor número de desapariciones forzosas. La cifra exacta no se sabe ni se sabrá jamás. Medicina Legal registró 16.067 casos entre 1988 y 2007. El Grupo de Memoria Histórica reportó 25.077 entre 1985 y 2012. De manera que estaríamos hablando, en todo caso, de unos 30.000 colombianos/as forzosamente desaparecidos en estos años de guerra irregular, una cantidad igual a la estimada para Argentina durante su reciente dictadura militar.

Lo más grave, sin embargo, no es cuántos, sino quiénes, por qué y a manos de quiénes. Muchos de nuestros desaparecidos pertenecían a organizaciones y movimientos políticos, eran líderes sociales y populares, campesinos sencillos, defensores de derechos humanos, sindicalistas, desplazados y reinsertados. La mayoría, 89%, eran hombres. 73% tenía entre 15 y 54 años. El peor momento de las desapariciones fue entre 1999 y 2002, justo en la expansión paramilitar. Y si bien en la mitad de los casos se desconocen los autores, en el 20% se sabe que fueron los paramilitares, en el 12% la fuerza pública, en el 9% las bandas criminales y en el 8% las guerrillas.

Resulta entonces muy esperanzador que en los acuerdos entre el gobierno y las Farc, que ya van tomando cuerpo, se haya tratado a fondo este tema y se haya planteado una hoja de ruta seria y realista. Sin deponer la esencial necesidad de justicia, se priorizó el sentido humanitario, la urgencia de resolver la incertidumbre con la verdad para poder empezar a cicatrizar la herida. Se acordaron cuatro objetivos complementarios: búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de los restos. Cada uno suficientemente difícil y complejo, pero necesario para curar el mal causado. Se decidió dar dos pasos: uno inmediato, mientras se firman los acuerdos, tendiente a ir creando las condiciones para lograr los objetivos. Y el otro, definitivo, mediante la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas –UBPD- que trabajará, una vez se logre el acuerdo final, en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja –CICR-, en relación directa con la Comisión de la Verdad, y con la participación activa de los familiares de las víctimas en todo el proceso. Es decir: se va configurando una dinámica social y un sistema orientados a la superación definitiva de la guerra, al esclarecimiento de la verdad, a la reparación de las víctimas y al logro de la justicia necesaria para la paz.

¿Riesgos? Muchos. Muchísimos. Desde las obvias dificultades técnicas y operativas, pasando por las desconfianzas y rencores acumulados entre agentes y víctimas, hasta la imposibilidad de encontrar e identificar todos los restos, y la posible insatisfacción con la reparación ofrecida y con los niveles de justicia alcanzables. Pero los objetivos propuestos justifican todos los esfuerzos. La voluntad explícita de dos de los actores importantes – gobierno y Farc, por ahora – fundamentan una esperanza razonable. Y la decisión de los familiares de las víctimas y de otros sectores de la sociedad de trabajar hasta encontrar sus desaparecidos, reparar parte del daño y sanar sus heridas, permiten confiar en que esta pesadilla de los desaparecidos tendrá fin, su ausencia será menos abrumadora, y la paz de la sociedad y de las personas dejará de ser sólo un sueño.

El autor es médico social.