La Guajira: ¿más de lo mismo?

Dos hechos parecen haber precipitado la respuesta gubernamental. El primero, el fuerte impacto en la opinión pública nacional e internacional de la situación de hambre y desnutrición —60% de los hogares en inseguridad alimentaria— y la carencia de agua potable en la región. El detonante fue la confirmación de la muerte por desnutrición de 38 niños wayuu en lo que va de este año, uno más de los que murieron en todo el 2015. Y el segundo: las medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH en diciembre pasado. La comisión le ordenó categóricamente al Gobierno: “Asegurar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud, con un enfoque integral y culturalmente adecuado, con el fin de atender la desnutrición infantil”.

La situación se conocía de antes. En 2014 la Defensoría del Pueblo, DP, divulgó su Informe “Crisis Humanitaria en La Guajira”, en donde señalaba los problemas de la ineficacia y descoordinación estatal; la persistencia de altos niveles de desnutrición; la gravedad del desabastecimiento de agua; el contraste entre la riqueza natural del departamento —carbón, gas, petróleo, sal, oro, yeso, mármol y cobre— y su Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI: 48% en 2009; y la presencia en la región de todos los actores del conflicto armado, con su bagaje de masacres, asesinatos selectivos, atentados terroristas, desapariciones y desplazamiento forzoso.

Este año la información y el debate se han enriquecido. El Instituto Nacional de Salud, por ejemplo, a través de su observatorio, divulgó un excelente informe sobre la situación de hambre y desnutrición en La Guajira entre 1998 y 2013, cuyo rigor conceptual, descriptivo y analítico amerita su estudio. El informe confirma la tendencia creciente de la mortalidad infantil por desnutrición en el departamento, que aporta el mayor número de víctimas a nivel nacional —26% del total—, aunque las tasas sean todavía mayores en el Chocó, Amazonas, Vaupés, Guainía y Vichada.

A comienzos del año, el relato de una visita de delegados de la Academia Nacional de Medicina y de la Universidad Nacional reveló otros aspectos del problema y sus causas. Llamó la atención sobre aspectos como: la heterogeneidad del departamento y la dispersión de su población; las potencialidades desaprovechadas del saber indígena; la carencia de datos epidemiológicos unificados y el subregistro de eventos esenciales; el desfinanciamiento y desmantelamiento de la red hospitalaria, el inadecuado modelo de atención y la presencia de 17 EPS, que cobran pero no prestan buena atención.

Si bien el Gobierno reconoció en su visita la gravedad de la situación, la des articulación institucional y la corrupción público-privada generalizada en la región, sus propuestas sonaron más afines a Gramalote-2010 y a Casanare-2014 que a las demandas de la CIDH y a las recomendaciones de los académicos y la Defensoría. Parecen más un listado de buenas intenciones y acciones puntuales, que un plan sistemático para atacar las raíces del problema: exclusión, inequidades, abandono estatal, racismo, corrupción, violencia y centralismo.

Lo de salud fue ejemplar en cuanto a proponer más de lo mismo. A los gravísimos problemas apenas enunciados aquí, se trató de responder con la posible reducción del número de EPS del régimen subsidiado de 11 a cuatro, sin tocar las seis del contributivo; la presentación en un mes de un documento de reorganización de los servicios de la red pública hospitalaria, y la próxima implementación del inadecuado “plan de atención integral”. La Guajira merece y necesita con urgencia una respuesta responsable, estructural e intersectorial. No más de lo mismo por siempre.

* Médico social.