Las guerras que no paran con los acuerdos

Datos y cifras de muy diverso origen demuestran que a lo largo de los tres años y medio de negociaciones entre el gobierno y las Farc, han disminuido los combates y las acciones armadas. Al mismo tiempo se han iniciado actividades conjuntas con la insurgencia para la búsqueda e identificación de desaparecidos y para el desminado humanitario, y se han reducido los desplazamientos masivos y el reclutamiento de menores. Han disminuido, pero no han terminado las acciones bélicas. El pasado fin de semana, por ejemplo, un helicóptero de la policía fue derribado en área de presencia del Eln, causando la muerte a todos sus ocupantes.

Otras violencias, en cambio, no sólo continúan sino que inclusive se vienen incrementando. Es el caso de las llamadas “gota a gota”, aquellas que afectan individualmente a las personas o a pequeños grupos. Algunas cifras lo evidencian. En las 22 zonas del país en donde tiene presencia el CICR, sólo durante el año pasado registró un total de 812 violaciones a las normas humanitarias, principalmente amenazas de muerte, malos tratos, violencia sexual y desapariciones forzadas. Del total, 249 fueron contra mujeres, 181 contra niños, niñas y adolescentes, y 124 se cometieron en entornos urbanos, en especial en Tumaco, Medellín y Buenaventura, lo que va perfilando una especie de nueva geografía de la violencia.

Tampoco se detiene el crecimiento del número de víctimas. Entre 1985 y 2015 se reportaron 7.9 millones de víctimas en Colombia, según el Registro Único de Víctimas. De ellos, 6.9 millones fueron desplazados y casi un millón afectados por los homicidios. Otro vergonzoso saldo rojo lo constituyen las 79.000 personas que hasta hoy continúan desaparecidas por diversas causas, no sólo el conflicto armado. Seguimos siendo el segundo país del mundo, después de Afganistán, con más minas antipersona y sus secuelas de muerte, discapacidad física y mental, aislamiento y estigma. Y en varias ciudades la seguridad y la tranquilidad se siguen deteriorando por la acción de las bandas, pandillas, “oficinas” y “combos” que extorsionan, controlan territorios, establecen fronteras invisibles y generan desplazamientos intraurbanos. El informe también destacó la grave crisis carcelaria, que había sido objeto de esta columna con anterioridad.

Uno puede discrepar puntualmente de algunas de las tareas que hace el CICR y que, normalmente, nos corresponderían como sociedad y como estado. Pero en situaciones de guerra como las que vivimos, es un logro de la humanidad y una garantía de neutralidad la presencia de una institución como el CICR. No sólo merece reconocimiento. También hay que protegerla de abusos, como los que se dieron de su nombre y su emblema por parte de los responsables de la denominada Operación Jaque el 2 de julio de 2008.

A los complejos retos políticos, económicos y culturales que tenemos al momento de intentar construir una sociedad en paz, hay que sumarle entonces, con carácter urgente, los retos humanitarios que señala el informe comentado, en especial los relacionados con el protagonismo de las víctimas y no de los victimarios, con el establecimiento de la verdad para hacer posible el perdón, con la reparación y la seguridad de no repetición, y con la atención inmediata y de fondo a las nuevas violencias que se van extendiendo y que podrían aguar la fiesta de los posibles acuerdos.

Médico social