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Lo peor en salud no parece tener fondo en Colombia. Bajo el imperio de la Ley 100 de 1993, vamos de tumbo en tumbo desde comienzos de este siglo. Y cada año hay más muertes evitables, más tutelas, se hace más indigna e inoportuna la atención y se cierran más camas y hospitales.
Al mismo tiempo crecen astronómicamente las cifras de la deuda de las EPS con los prestadores de los servicios de salud, a pesar de que nunca antes había habido tanta plata para el sector salud. Para el sector, no para la salud.
En el momento, la cara más visible de la crisis, y que está motivando los recientes plantones y movilizaciones, es la quiebra o iliquidez de las clínicas y los hospitales públicos y privados debida a la deuda acumulada de unos 12 billones de pesos por parte fundamentalmente de las EPS. La deuda pone en riesgo instituciones en todo el país. A la red pública hospitalaria de Bogotá le deben 876 mil millones. Al hospital universitario del Valle, 100 mil millones. Al emblemático hospital San Vicente Fundación de Medellín, le deben 300 mil millones. Al hospital universitario del Caribe le adeudan 70 mil millones entre las EPS y la alcaldía de Cartagena. A los hospitales públicos de Antioquia, 600 mil millones. Y así podría seguirse desgranando la tragedia económica, hospital por hospital.
Contrata la blandura y casi candidez del “plan de choque” propuesto por el ministerio de salud, con la gravedad de la crisis. Aduciendo una vez más que el problema es de administración y flujo de recursos, y que las EPS no son las únicas responsables, el ministro salió a hablar de un hipotético fondo de 1.5 billones que habilitarían para compra de cartera a las EPS y para préstamos a los hospitales, es decir: para salvar a las EPS y convertir a los acreedores en nuevos deudores. Y ya está empezando a hablar de nuevos impuestos y de aumentar los aportes de los trabajadores. ¿Qué tal? Obviamente no habló de las raíces más profundas del problema, ni de los impactos negativos que empieza a tener en salud el Plan de Desarrollo vigente, ni del nuevo recorte de un billón de pesos para salud en el presupuesto de 2016, aprobado recientemente por el Conpes.
No hay duda de que hay crisis financiera. Crisis que implica no sólo a entidades centenarias como el San Vicente de Medellín, sino también a las más nuevas, como Savia Salud. Ella ha sido la niña mimada de los gobiernos nacional, departamental de Antioquia y municipal de Medellín, quienes creyeron descubrir hace dos años la fórmula mágica para superar la crisis del modelo: las alianzas público/privadas. Hace dos meses Savia Salud, ahogada por deudas superiores a los 170.000 millones de pesos, aceptó su iliquidez y pidió otro salvavidas al gobierno nacional. No parece entonces que tales alianzas sean el camino. Y se va evidenciando que el problema no es sólo financiero. El crecimiento imparable de las tutelas en salud, que llegaron el año pasado a 118.281, pone también de presente la incompetencia del modelo y la insatisfacción de los muy pacientes “usuarios”. Insatisfacción que se extendió hace rato a médicos y gerentes, estudiantes, trabajadores y proveedores del sector.
Lo deseable es que este nuevo coletazo no trate de resolverse con otros paños de agua tibia sino que, al fin, se emprendan cambios de fondo. Empezando por aceptar que sin EPS también se puede vivir, como pasa en casi todo el mundo. Avanzando por hacer valer la Ley Estatutaria ya aprobada ¿y engavetada? Y culminando con un consenso social, legalmente validado, de un nuevo modelo de salud en el que primen el bien-vivir y la salud de todos por encima del negocio de la atención de las enfermedades.
Saúl Franco
Médico social
Bogotá, 29 de julio de 2015
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