Salud rural para la posguerra

Desde la sanidad y la salud, es suficiente con recordar que sólo 3 de cada 4 campesinos colombianos tienen agua potable en sus casas; que sólo una proporción igual están vacunados contra la tuberculosis en departamentos como Putumayo, Cauca y Caquetá; que casi la mitad de la población rural– 44% según el DANE – vive en la pobreza; que según el más reciente Plan Nacional de Desarrollo, la pobreza extrema – eufemismo que traduce: miseria – es 3 veces mayor en el campo que en la ciudad; que hasta hace poco el Chocó tenía una tasa de mortalidad materna casi 7 veces superior al promedio nacional, y que la cobertura del sistema de seguridad social en salud sólo llega al 58% de la población en Vaupés, al 69% en Amazonas y al 70% en Guaviare. Tal situación no es exclusiva de Colombia. Más de la mitad de la población rural del mundo – el 56% – carece todavía de servicios de salud.

Sería entonces de justicia – a secas, y no sólo transicional – que en Colombia se le diera al sector rural la prioridad que merece en la posguerra. A propósito: ¿cuál posconflicto con la creciente conflictividad político-social que vivimos y que, sin duda, continuará después de la firma en La Habana? Es más: ya casi ni podemos soñar con posguerra dadas las inocultables dificultades para iniciar negociaciones con el ELN.

Pero, volviendo al tema de hoy, los campesinos y campesinas colombianas merecen una vida digna, tranquila y en paz. Eso será producto, claro está, de resolver de raíz el problema de la tierra y los recursos naturales, de reconocer las diversidades regionales, étnicas y culturales, y de integrar el campo y al campesinado – indígena, mestizo y afrodescendiente – como protagonistas y no como actores de reparto.

La salud rural de posguerra no debe ser un nuevo intento por mantener, con nuevos paños de agua tibia, el actual modelo de salud. La ley 100 de 1993 no reconoció la riqueza de nuestra diversidad cultural, ni diferenció el campo de la ciudad, ni pensó en los requerimientos específicos del campesinado colombiano. Al contrario, formuló un único medicamento – en mi opinión ya vencido- para todos los males, de todas las etnias, en todas las regiones. Por tanto, la construcción de una sociedad en paz debe concretarse en salud en acoger el aporte milenario del buen vivir de nuestros pueblos aborígenes, con sus implicaciones de respeto y armonía con todos los seres vivos, de valoración de la identidad, la solidaridad y la interculturalidad. Y, a partir de esos postulados y del reconocimiento efectivo de la salud, no como mercancía sino como derecho que nos corresponde por el hecho elemental de ser seres humanos, diseñar entre todos los mecanismos más adecuados para lograr la garantía de la vida y la muerte dignas, la promoción de la salud, la prevención y atención de las enfermedades para toda la población, sin discriminaciones, ni costos onerosos ni enriquecimiento de unos a costa del sufrimiento de otros.

Esto implica, por supuesto, la superación del dogma mercantil vigente y la apertura mental, actitudinal y política a otra lógica de la vida y la salud, tanto en el ámbito individual como en la esfera pública y social. Sería un enorme salto al futuro, no al vacío.

Médico social