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Todo sistema de salud tiene problemas.
Pero el colombiano tiene demasiados, muy graves y persistentes. Es una especie de paciente en un largo y costoso estado terminal. Veamos brevemente algunos de sus síntomas más graves, para luego arriesgarnos a indagar por qué sigue sobreviviendo contra viento y marea.
De los síntomas crónicos ya hemos hablado aquí en varias ocasiones: deudas bimillonarias de las EPS, la nación y las regiones con las IPS; incremento desbordado de las tutelas por servicios elementales; fracasos alarmantes o pobres resultados en salud pública; quiebras masivas de clínicas y hospitales, tanto públicos como privados, y progresiva supeditación del derecho a la salud y al bienestar de la gente a los intereses económico-políticos de unos cuantos grupos nacionales y trasnacionales. La reciente muerte en plena vía pública de Bogotá de la señora Rubiela Chivará Bustos, de 50 años, con dos hijas adolescentes, una hipertensión arterial crónica, un problema cardíaco soluble quirúrgicamente, y una larga e inútil lucha por su cirugía, es apenas una nueva expresión del “paseo de la muerte”. Y las seis horas que demoró el levantamiento de su cadáver, simbolizan trágicamente que la indignidad a que hemos llegado en la vida ya empaña también la muerte.
Pero hay algunos síntomas aún más graves y recientes. Uno de ellos es el de las crecientes agresiones de los pacientes y sus familiares al personal de salud, especialmente en los servicios de urgencias. Un estudio de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales –ACCH- en las urgencias de 56 IPS, encontró que el 15.3% del personal entrevistado había sufrido algún tipo de agresión, especialmente verbal, física e inclusive sexual. La ACCH reconoce que la causa de fondo es “la disfunción del sistema de salud”. En la Clínica Tolima, de Ibagué, es tal la frecuencia de este tipo de agresiones, que tuvieron que solicitar la presencia de la policía en el servicio de urgencias.
Otro de estos síntomas recientes es la renuncia masiva de personal asistencial. En la primera quincena de diciembre pasado renunciaron 85 médicos generales del hospital universitario del Valle, por las deudas salariales y la carencia de recursos para una atención adecuada. Y el 25 de enero renunciaron también 18 médicos de la IPS Esimed Cali Norte, antigua IPS de Saludcoop, que presta ahora sus servicios a Cafesalud y Cruz Blanca. En una carta abierta, cuya lectura recomiendo, estos médicos aclaran que no renuncian por cuestiones salariales sino por un imperativo ético y denuncian que ahora “además de defender al enfermo de la enfermedad, nos tenemos que defender del enfermo y su familia”. Y, para completar la tragedia, la Fiscalía volvió a evidenciar en estos días los carteles de IPS falsas, detectados hace cinco años y dedicados a apropiarse indebida y sagazmente de parte del dinero de la salud. Algunas EPS han auspiciado semejantes engendros. Son demasiados síntomas para un solo paciente. Puede hablarse entonces con razón de una falla sistémica, es decir: que ya no funciona ninguno de los sistemas esenciales y, en consecuencia, el paciente está en estado terminal.
Como médico, uno se pregunta por qué sobrevive tanto tiempo un paciente en este estado. La respuesta hay que buscarla, como mínimo, en dos direcciones. La primera: porque algunos ganan, y mucho, tanto económica como política y burocráticamente con el mantenimiento de este modelo, a pesar de los síntomas descritos y sus consecuencias devastadoras. Y la segunda: porque las víctimas del sistema y quienes con argumentos no lo compartimos, no hemos tenido la organización y la fuerza necesarias para presentarle a la sociedad un modelo alternativo mejor y para lograr su inclusión en el ordenamiento legal y en la conciencia colectiva. La paz inminente necesita otro sistema de salud. La hora de la paz debe ser también la de lograrlo.
*Médico social