El billete manda

Aquellas odas a la reconciliación, pronunciadas por los recién liberados del secuestro, son asunto del pasado. Ahora, como si fueran ciudadanos de un país del primer mundo, quieren que el Estado pague millonadas por los daños, en contante y sonante, caso por caso. La selva, o sus personales ambiciones, o las dos cosas a la vez, les han hecho olvidar la clase de país en el que lograron sobrevivir.

Creo que la espesa bruma tendida en estos ocho años de fiebre uribista ha terminado por  confundir lo que solía ser más o menos claro: aquí hay una guerra larga, profunda y salvaje en medio de una ostensible ausencia de Estado o presencia del mismo, pero violenta y corrupta,  y muy pocas veces vista como legítima.

El Estado, por acción u omisión, ha sido cómplice o generador de violencia, tanto a manos de sus Fuerzas Armadas, o de éstas aliadas con escuadrones de la muerte. Otras veces, por física incompetencia, o por deliberada abulia, “el brazo armado de las instituciones” deja el camino abierto para que actúen los diferentes “actores del conflicto”. Por lo tanto, el secuestro, la desaparición forzada, el desplazamiento, los atentados contra la población civil, los crímenes de lesa humanidad, son subproductos de esa confrontación que no ha sido capaz de resolver, entre otros, ese mismo Estado al que ahora se le quiere arrancar una buena tajada de efectivo.

En aras de la discusión, supongamos que prosperan las decenas de demandas, y que al erario público le toca pagar miles de millones de pesos a ciertas y contadas víctimas individuales. ¿Las autoridades, ante semejante precedente, actuarán para resolver las condiciones que generaron las querellas legales? ¿Tomarán todas las acciones del caso para eliminar el secuestro, los abusos de poder, las complicidades con grupos armados al margen de la ley? ¿Abrirán un proceso público de resolución de los múltiples conflictos que azotan al país, con el propósito de que nadie, en el futuro, sienta que el Estado no protegió su vida, su dignidad o su patrimonio?

La respuesta es un no rotundo. Asunto diferente es cuando, después de un proceso judicial, se logra comprobar la participación de agentes del Estado en crímenes de lesa humanidad, en asesinatos selectivos o en violación de derechos humanos. Aquí hay una sanción moral, legal y política, además de una reparación económica.

Esto es,  precisamente,  lo que han buscado las víctimas de los crímenes de Estado, y lo que, cuando hay alguna sentencia, genera la ira de las más altas instancias del poder y sus alzafuelles. Es, por ejemplo, la gran lección que deja la valerosa lucha de Iván Cepeda por no dejar que el crimen de su padre  (cuyos móviles son los mismos que cegaron y han cegado la vida de tantos otros que militaban en la UP o en otras organizaciones legales) quede impune.

Lo otro, lo de demandar al Estado de la misma manera como un suizo podría demandar a su gobierno local por no tapar las alcantarillas de su cuadra (lo que terminó en la muerte de un niño) es de una tremenda inconsciencia. Pero sobre todo, de un profundo egoísmo.