Las de cal y las de arena

Doce años después del plan siniestro que acabó con la vida de Jaime Garzón, ya se ve con claridad quiénes lo fraguaron y lo ejecutaron. Pero al igual que lo sucedido con el senador Cepeda Vargas, será menester demandar al Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que haya en serio justicia y reparación. 

Los móviles, la lógica, el ambiente político y la logística son muy parecidos en los dos casos. Y las palabras del ministro Vargas Lleras, podrían servir también para definir con claridad cómo fue el ataque mortal contra Garzón: “en diversas decisiones judiciales contra el Estado colombiano,  por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  se constató que el homicidio contra el senador Cepeda Vargas (y de Garzón, digo yo)  fue cometido por agentes estatales, miembros del Ejército, es decir desde el Estado mismo y en conjunto con miembros de grupos paramilitares”.

Por desgracia, esta descripción sucinta del modus operandi de la máquina de exterminio, no hace parte de un pasado oprobioso. Por el contrario: aún sigue vigente. Sus víctimas son las mismas de siempre, la impunidad es persistente, el contexto no cambia. Puede que el gobierno haya reconocido la inoperancia de la justicia para castigar a los responsables intelectuales y materiales del atentado mortal contra el dirigente comunista; puede que, además, en su  mea culpa afirme que no protegió lo suficiente la vida del senador inmolado,  a pesar de las inminentes amenazas de muerte que se cernían sobre él.

La pregunta de fondo, sin embargo, es qué hará de ahora en adelante la administración Santos para hacer efectivas sus palabras de que hechos como la tragedia que enlutó a la familia Cepeda, (y a la familia Garzón, y a tantas otras miles) no se repitan nunca más; qué hará en concreto para que los ciudadanos no tengan que acudir a las cortes internacionales ante la inoperancia de las instituciones judiciales colombianas; cómo protegerá la vida y los derechos políticos,  no sólo de los activistas sociales, sino de aquellos que buscan, al socaire de la Ley de Tierras, recuperar sus propiedades usurpadas a sangre y fuego.

En suma, qué medidas concretas tomará para acabar,  de una vez por todas, ese permanente y ya añejo contubernio entre miembros de las Fuerzas Armadas y asesinos de los grupos paramilitares que hoy llaman “bandas criminales”.  Por supuesto que la administración Santos hubiera podido coger el camino tortuoso de su predecesor, y en lugar de cumplir a cabalidad con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hacer un remedo de reparación y agraviar aún más a las víctimas. El año pasado, esto fue lo que dijo el ex presidente Uribe  al conocer la sentencia que condenaba al Estado colombiano: “no se puede implorar, exigir a la justicia internacional que obliguen (sic) al Estado a pedir perdón, y al mismo tiempo adelantar falsas acusaciones, proceder con odio, a maltratar injustamente a compatriotas y la honra de los gobiernos; yo no entiendo que se pueda exigir, pedir perdón, en nombre del odio”.

Por esos gestos de alto contraste con el régimen anterior, es que hay “seducidos” con el tono santista. Incluso, hay quienes celebran, como un logro democrático, que más del noventa por ciento del Congreso sea aliado del gobierno. Como si, de repente, hubieran desaparecido las razones para hacer oposición. Pero no, ahí siguen vivas. La guerra todavía nos determina. Narcos, guerrilleros, bandas criminales (paramilitares) definen las coordenadas del poder local, en las que se inscriben también las élites políticas que gobiernan a nivel nacional. Ese es el motor de nuestro drama cotidiano. ¿Hasta dónde podrá, y querrá, llegar el presidente en su explicita intensión de cambiar las estructuras más podridas de la realidad colombiana?