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Comienza el año y se realizan, como cada tres o cuatro meses, completos especiales periodísticos sobre la situación de las cárceles de varones (“El país detrás de las rejas”, “La vida en la jaula”, etc.).
No la situación de patios con plata, poder y contactos, sino del grueso de la población carcelaria sin privilegios. En radio, televisión e infografías se exponen las cifras y se reproducen percepciones de reclusos y funcionarios. También se describen las medidas de reacomodación, construcción o ampliación que se han emprendido como solución.
Se relatan permanentemente las “condiciones antihigiénicas, porque algunos están durmiendo unos encima de otros”, “los olores putrefactos que emanan las alcantarillas de aguas negras a cielo abierto”, “las enfermedades psiquiátricas, brotes en la piel, infecciones, epidemias”. Se hace énfasis en la tercerización de servicios médicos, psicológicos, culturales, alimenticios, en la que se enredan y embolatan los contratos. Se revelan porcentajes de hacinamiento: en la regional oriente, 72%; noroeste, 80%; norte, 97%. Se repite siempre que “la cárcel de Riohacha tiene 454% de hacinamiento”.
Al ser consultados por los medios, los funcionarios locales, principalmente de la Policía o la Defensoría del Pueblo, suelen afirmar que se violan “los derechos”. Una policía de la ciudad de Maicao declaró en días pasados que los reclusos “se encuentran en condiciones inhumanas”. Otro, funcionario de la Defensoría, regional Atlántico, afirmó que “los presos son lo peor del país porque el sistema desconoce que son personas con derechos”.
¿Qué suponen estos testimonios? ¿Qué significa que se repita cientos de veces que una población no tiene derechos, que se les trata como “no personas”? Una vez entra a un penal, condenado o no, un recluso pierde sus derechos: los deja en la puerta. Adentro no tiene garantía sobre su integridad, su seguridad, sus comunicaciones más básicas y propiedades más íntimas. No está protegido contra la discriminación de cualquier tipo (por su origen, color de piel, sexualidad, identidad de género, discapacidad). Ni goza de libertades de expresión, culto o (debido al hacinamiento) circulación de un punto a otro de la celda. Si alguna vez los tuvo, pierde también los derechos a la seguridad social, la salud, la educación y la vida cultural.
Es costumbre pintar grande en las paredes de las cárceles la frase “Aquí ingresa el hombre y no el delito”. Pero no es cierto que ingrese el hombre. Si a los presos no se les garantiza ningún derecho y el país puede escuchar cíclicamente, sin grandes reacciones, las mismas denuncias, esto debe significar que hay entre nosotros algún consenso sobre el hecho de que los reclusos no merecen estatus de humanos. Afuera a nadie le importa lo que pasé ahí adentro.
Sólo eso explica que Barranquilla, con dos de las cárceles en peor situación (con problemas hasta en el suministro básico de alimentos) y cientos de hombres haciendo fila en comisarías para entrar, donde exactamente hace un año se quemaron hasta la muerte 17 reclusos, sea calificada por el Gobierno y los mismos medios que denuncian el 87% de hacinamiento de sus cárceles, como el mejor vividero del país y la ciudad del futuro.
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