Desmontar el Esmad

En esta semana que acaba, la alcadesa electa de Bogotá se refirió a la discusión sobre el desmonte del escuadrón antidisturbios. Explicó que, tal y como se lo propuso a Iván Duque, la pregunta más relevante no es “¿desmontarlo o no?”, y abogó por un futuro en el que los alcaldes tengan “autonomía plena” para decidir si el Esmad sale o no a las calles. Asimismo se refirió a la futura cúpula policiaca de la ciudad y, por lo que entendimos, le sugirió nombres al presidente Duque. Distintos medios afirmaron que las declaraciones de la alcaldesa no solo contribuyen a solucionar el debate sobre el futuro del Esmad, sino que también ponen de relieve un punto importante de posible reforma: la descentralización de la Policía.

Quizá una historia relevante para pensar el escenario reformista actual es la del esfuerzo (fallido) por nacionalizar la Policía. Es decir, la historia de la lucha contra el funcionamiento descentralizado de la Policía a lo largo del siglo XX. Iniciativas con el fin de limitar el poder de personajes y cuerpos municipales, en lo que concernía a la escogencia y el accionar de la policía municipal, caracterizaron el período presidencial del liberal (militante del efímero Partido Republicano) Enrique Olaya Herrera. Durante este se registraron todo tipo de desmanes por cuenta de cuerpos de policía municipal, se emprendieron algunas reformas policiales con el fin de crear cuerpos supervisados desde Bogotá, de hombres con uniformes, sin antecedentes penales y que cumplieran con estándares de neutralidad política y respeto a la Constitución. “La Policía, en primer lugar, debe ser un cuerpo eminentemente civil”, explicó, por ejemplo, Alfonso Araújo, una de las cabezas del régimen. “En segundo lugar debe ser un cuerpo completamente apolítico”, añadió.

De acuerdo con las actas de ministros y directores de la Policía Nacional del periodo, a las mentadas reformas no solo se opusieron (en un contexto bipartidista) los altos mandos del Partido Conservador, sino que también se les atravesaron líderes y élites locales, compuestas por liberales, conservadores, terratenientes de siempre, esmeralderos, contrabandistas y curas reaccionarios, entre otros. Estos se opusieron a cualquier supervisión desde el centro y continuaron utilizando la policía municipal como un cuerpo de seguridad sirviendo a intereses privados.

Estas dinámicas y frustraciones no son exclusivas de la primera mitad del siglo XX. En su trabajo, el profesor Francisco Gutiérrez nos ha recordado varias veces cómo la nacionalización de las Fuerzas Armadas, en sí misma, no es necesaria ni siempre deseable. Sin embargo, en distintos momentos de la vida colombiana ha surgido como alternativa a la privatización de facto de la provisión de seguridad que implicaba la vigilancia policial local (todo en contextos de violencia e inestabilidad). Gutiérrez narra los procesos de captura de la Policía por parte de agentes privados, a veces ilegales, a nivel local y regional.

Una mirada al pasado no trae buenos augurios a una eventual descentralización de decisiones sobre la Policía en manos de los ejecutivos locales. Así, quizá valga la pena volver a la discusión sobre el desmonte. Y ante el argumento de que “todos los países del mundo, hasta Inglaterra, necesita un cuerpo antidisturbios”, hay que recordar que el nuestro no es un escuadrón cualquiera. El Esmad fue creado a finales de los 90 en un momento específico de enorme crecimiento de las Farc, en que se sumaron más de 20.000 hombres en 60 frentes guerrilleros (no solo rurales). Su misión antidisturbios para un momento de guerra nunca ha sido la de cumplir los protocolos.