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El estado del Estado

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Juan Ricardo Ortega, Director de la DIAN, anunció hace algunas semanas que dejará su cargo. Distintos análisis han hecho énfasis en el buen desempeño del funcionario y en las amenazas que ha recibido. En general, se hicieron dos tipos de reflexiones al respecto.

Hubo quienes explicaron la salida de Ortega como consecuencia de la ausencia del Estado. La tributación, explican, permitió la creación de los estados europeos y, si no logramos superar este requisito, estamos condenados a la “premodernidad”. La DIAN trató de construir Estado combatiendo mafias y evasión de impuestos, pero encontró muchos obstáculos.

Otros usaron un argumento distinto (aunque similar): la renuncia del director responde a una guerra de las mafias contra el Estado. Éste ha sido “derrotado” por organizaciones criminales que pretenden suplantarlo en algunas regiones del país. Es decir: sí hay Estado pero debe “defenderse” de terceros que buscan usurparle sus funciones básicas.

Un tercer tipo de análisis podría, para alimentar la discusión, pensar las luchas y posterior renuncia de Ortega como un producto del Estado que tenemos. No como fruto de la “ausencia de” o la guerra “en contra”, sino como consecuencia del propio Estado, del que se construye a diario y a distintos niveles y burocracias, en lo pulpito, lo mundano. Esta alternativa no desemboca en remedios claros o definitivos, como copar el territorio o derrotar al enemigo criminal, pero pone de relieve que la trenza entre lavado de activos y burocracia es apretada y que las soluciones no son tan evidentes. Las batallas de Ortega, a través de su periodo, apuntan a este tipo de reflexión.

Una de ellas fue contra los llamados “supernumerarios”, alrededor de mil funcionarios de la DIAN con los que anteriores administraciones “pagaban favores políticos”. Hasta aquí nada espectacular. Pese a lo nociva que resulta la práctica para las finanzas públicas, ésta no es resultado de la anarquía o de una amenaza criminal, sino parte constitutiva de la política electoral colombiana.

Otra de las peleas de Ortega fue con las falsas devoluciones del IVA reclamadas con facturas falsificadas y por exportaciones ficticias, con la complicidad de funcionarios y exfuncionarios y que le costaron al país “más de tres billones de pesos”. Acá Ortega no sólo trató de ir en contravía de las prácticas que distintas instituciones han consolidado por décadas, así como de las relaciones que han creado con la población vía corrupción, sino que tuvo que enfrentarse con otras instancias judiciales pues el proceso en contra de los presuntos desfalcadores sigue enredado.

Sus declaraciones sobre contrabando son probablemente las que mejor contradicen las tesis de ausencia de Estado o enemigo externo. En lugar de hablarnos de La Guajira en términos de una tierra inhóspita en la que no hay Estado y todos los hombres son criminales, Ortega hizo énfasis en los siete accesos a las pistas de El Dorado. No se quedó en la postal de los desiertos y las cuatro por cuatro, con lo que habría repetido el taquillero guión de siempre. Apuntó, por el contrario, hacia el aeropuerto bogotano, del cual dijo que era un “gran puerto de ingreso de mercancías, producto del lavado de activos por exportación de drogas”. Tanto o más que Buenaventura, afirmó.

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