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“Necesitamos un Alberto Fujimori”, explicó con seguridad mi compañera de curso en la Floridablanca de mediados de los noventa. Otras en el salón asintieron con entusiasmo. Rondábamos los 13 años y todas las simpatizantes del mandatario del Perú repetían opiniones de sus padres, empresarios, finqueros o políticos de Santander. Debo reconocer que en mi casa, donde bailábamos entonces al son de los ritmos de mi mamá, una ocañera práctica y recochera (con un compás de justicia social intrínseco y cotidiano), sabíamos poco (o nada) sobre política exterior.
“Necesitamos un Nayib Bukele” explicaron veinte “distinguidos empresarios colombianos”, según reporta la revista Cambio. Los distinguidos señores se reunieron con el propósito de definir un candidato presidencial para las elecciones de 2026 y coincidieron en que nuestro Bukele debe ser “joven, tener liderazgo, buen perfil y estar en la oposición”. Acordaron reunir un millón de dólares para comprar la fórmula al éxito usada por el actual presidente salvadoreño. Al igual que mis compañeritas de séptimo grado, los mentados empresarios afirmaron que sólo una persona de mano dura “podrá generar un cambio significativo en Colombia”.
Entre el comentario de los noventa y el de hoy, 2024, pasaron muchas cosas. Desde el municipio de Cimitarra, en la provincia de Vélez, se desplegó el paramilitarismo por todo Santander. En la provincia comunera, una de las cunas del ELN, logró consolidarse el paramilitarismo en 1998. Algo similar ocurrió en la provincia de Mares, otro bastión del ELN hasta 1998, en el que se hizo evidente la hegemonía paramilitar. En García Rovira las guerrillas fueron derrotadas por el paramilitarismo cuando en Capitanejo, principal base paramilitar de la región, se labró una ofensiva por el dominio del corredor que conduce a Arauca, a través de Boyacá. Guanentá, por su cuenta, vivió una oleada de violencia entre 1995 y 1998 en medio de confrontaciones entre guerrillas y paramilitarismo. Por último, en la provincia de Soto hubo disputas entre las FARC y los grupos paramilitares hasta entrados los 2000. Durante todo este tiempo, miembros del ejecutivo y la Fuerza Pública colaboraron activamente con el paramilitarismo.
A partir de 1996 los grupos paramilitares controlaron las cabeceras urbanas importantes de Floridablanca, Lebrija y Piedecuesta. Santander registró, entre 1997 y 2007, 8.638 homicidios. El aumento en homicidios de civiles obedeció a la acometida de paramilitares en Barrancabermeja contra milicianos del ELN y contra población civil acusada de ser colaboradora o simpatizante. Ya tuvimos mandatarios a lo Fujimori y Bukele a lo largo del departamento y la nación. En Santander disminuyó el número de secuestros (de 305 en los noventa a casi 0 en 2007), pero aumentó el número de desplazados, que alcanzó su máximo en 2002 (con aproximadamente 13 mil personas expulsadas violentamente de sus hogares). Aumentaron también las masacres.
Lo que sucedió se asemeja (aunque en mayor escala) a lo que pasa hoy en El Salvador en donde, de acuerdo con comunicados del Departamento de Estado bajo el gobierno de Joe Biden, se vive entre “el ocultamiento y manipulación de información pública, la militarización de la seguridad, las detenciones arbitrarias y el encarcelamiento masivo como únicas estrategias para combatir la violencia (…) afectando desproporcionadamente a las personas en situación de pobreza”. Un reporte de Amnistía Internacional describió las torturas cometidas por funcionarios en las cárceles.
Tal y como sucedió en Colombia desde finales de los noventa hasta entrada la década de 2010, en El Salvador hay noticias sobre miles de detenciones (y ejecuciones) ilegales, vigilancia a opositores y periodistas y allanamientos sin orden judicial. En el Perú de Fujimori se documentaron violaciones a los derechos similares. El futuro ya pasó. Y es muy probable que los empresarios connotados reunidos actualmente lo sepan. Saben también que no benefició al país, pero sí los benefició a ellos.
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