Febrero de Deslinde

Del dicho al hecho hubo trecho y carreteras, pero finalmente Antioquia sí cogió ese y otros pueblos chocoanos, mayoritariamente negros, y se hizo al Urabá en la búsqueda del mar. La llamada colonización estuvo sazonada por el auge de banano, la llegada no sólo de comerciantes y finqueros sino también de ingenieros y por la expansión de latifundios. A cada paso se sembraron violencias a través de agresivas empresas extractivas con las que Antioquia y el país urbano en general se lucraron con el trabajo, los recursos y el agua del departamento. Se sembraron violencias a través de afanes por civilizar una región vista como inferior e históricamente perezosa, desde que su población se negó a seguir trabajando bajo los términos de la esclavitud.

Con este telón al fondo, veredas y municipios lindantes han cambiado de departamento: de ser parte de la Intendencia (después departamento) de Chocó, pasaron a engordar a Antioquia. El historiador Peter Wade nos ha enseñado cómo en 1983 Antioquia pretendió agregar a Riosucio tras haberle suministrado algunos servicios públicos. Y también cómo, debido a la poca capacidad presupuestal y administrativa del Chocó, algunos habitantes de Boca de Opogadó (cerca de Bojayá) cruzaron en el 86 el río Atrato para fundar un pueblo del lado antioqueño, “donde podían reclamar los servicios públicos de un departamento más rico”.

A estas historias se suma la disputa actual entre ambos departamentos por el municipio de Belén de Bajirá. Mientras Antioquia, en cabeza del gobernador Luis Pérez, afirma que este pertenece al municipio de Mutatá, Chocó, representado por el gobernador Palacios Mosquera, sostiene que hace parte de Riosucio. La disputa de hoy tiene tres continuidades con el pasado. La primera de extracción, pues como antes, hay motivos por los que incluir estos 2.050 kilómetros cuadrados (poblados por 25 mil habitantes) es estratégico. En tanto que selva tropical del bajo Atrato, Belén de Bajirá está sentada en recursos como oro, cobre, madera, pesca y suelos fértiles.

La segunda tiene que ver con la tradición de “el que paga manda”. Según esta, si la administración antioqueña decide cualquier día invertir en municipios chocoanos puede luego reclamarlos. Durante la arremetida paramilitar el municipio contó con ayuda de entidades antioqueñas de salud y justicia. Pérez saca a relucir estas y otras inversiones puntuales como razones que justifican la anexión. Este, el de “si invierto es mío”, es un mecanismo que ha sido usado en esta misma región para reclamar tierras despojadas (“es mía porque yo sí puedo pagar impuestos, yo puedo mantenerla o administrarla mejor”).

La última continuidad es de desvergüenza. El Congreso desconoció la autoridad técnica del Agustín Codazzi que tras meses de estudios le concedió recientemente la razón a Chocó. La senadora Susana Correa, del Centro Democrático, dijo sin sustento alguno que el informe del Agustín Codazzi “tiene contradicciones geográficas”. Luis Pérez, en arrebato varonil, amenazó con “demandas penales, disciplinarias y fiscales” a funcionarios chocoanos que permanezcan en el municipio. Así, una ocasión que hubiera podido usarse para hablar del dechado de deudas que Antioquia tiene con las instituciones y poblaciones Chocoanas o para hablar incluso de reparaciones frente a injusticias y exclusiones históricas, se aprovechó para reforzarlas.