Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En un acto feliz y simbólico, el presidente Duque prendió un interruptor de gran tamaño hecho de cartulinas para conmemorar que, con la llegada de nuevos operadores de electricidad a la región Caribe, “la energía renace”. Ante las esperanzas de cambio, cabe hacer un balance para recordar tantas responsabilidades que serán esquivadas y eventualmente olvidadas. Recordar, en especial, lo que pasó alrededor de dos grupos de ciudadanos pobres del Caribe: los sindicalistas de las empresas de servicios públicos y las víctimas de electrocución por deficiencias en la infraestructura eléctrica.
“Velación degeneró en protesta”, tituló la prensa local el día 29 de octubre de 1997. Esto, pues los rituales religiosos para despedir a Odulfo Zambrano López, entonces presidente del sindicato de la empresa de electricidad, Sintraelecol Atlántico, habían “degenerado en una jornada de protesta”. Sindicalistas de distintas ramas de los servicios públicos se unieron, ya que el asesinato de Zambrano (a quien le dispararon justo cuando denunciaba irregularidades en la empresa, antes de su privatización) fue tildado por la policía de la ciudad de “crimen pasional”. Jorge Luis Ortega, líder de Sintraelecol Bolívar, fue asesinado un año después, el 20 de octubre de 1998. Iván Francisco Hoyos, directivo del mismo sindicato, fue asesinado el 18 de marzo de 2000. Javier Jonás Carbono, secretario general de Sintraelecol Magdalena, fue asesinado a fines de julio de 2000. Martín Contreras, fundador de Sintraelecol Sucre, el 23 de octubre de 2001. Alberto Herrera, Pedro Barrios, Eleázar Becerra y Salvador Vásquez, de Sintraelecol Magdalena, fueron desaparecidos el 4 de julio de 2002. Ese mismo año, Rubén Castro, presidente de Sintraelecol Bolívar, sobrevivió a un atentado.
Para esos años se discutía en Barranquilla la liquidación de las empresas públicas municipales y el presidente del sindicato pidió mesura a concejales del Partido Conservador que habían tomado por costumbre tildar a los miembros del sindicato de guerrilleros sin ninguna prueba, pues estaban siendo víctimas de amenazas. Como alternativa a la venta de los activos de las empresas, este sindicato proponía la publicación de listas de los mayores deudores en el periódico y la instalación de medidores en los comercios y las industrias de la ciudad que para entonces pagaban poco. En su mayoría, los morosos pertenecían a las élites económicas de la ciudad que, además de no pagar sus servicios, se resistían a pagar el impuesto a la renta que, en aquel entonces, estaba destinado a fortalecer los servicios públicos. Esto no sucedió y, por el contrario, se fueron liquidando una a una las mentadas empresas.
De acuerdo con investigaciones sobre la violación de derechos humanos por cuenta de empresas transnacionales en Colombia, la multinacional Unión Fenosa, que luego entraría como accionista mayoritaria de Electricaribe y Energía Social, tuvo participación en el asecho al sindicalismo regional. De acuerdo con testimonios recopilados por el Tribunal Permanente de los Pueblos, existió una relación de la compañía con el paramilitarismo. Dicha relación, afirma el Tribunal, fue constatada por la confesión de un dirigente paramilitar en que describe un acuerdo entre Unión Fenosa y el bloque norte de las Auc en dos fases. “La primera”, cuenta el testimonio, “tenía como objeto garantizar, por parte de la empresa, un mejor servicio de energía en zonas de influencia paramilitar”. A cambio de lo cual el bloque norte se comprometió “a garantizar una mayor seguridad para las infraestructuras eléctricas y presionar a los usuarios para facilitar el recaudo”. La segunda fase consistió en el ingreso de algunas personas de confianza del bloque paramilitar en puestos claves de la administración de las empresas Energía Social y Electricaribe con el fin de “conocer a todos los trabajadores de estas empresas y en especial a los dirigentes sindicales, lo que permitiría por parte de ellos garantizar una verdadera seguridad sin ningún riesgo para los miembros de Unión Fenosa en Colombia y su patrimonio económico”.
Desde el 2004 hasta el 2012 se registraron 529 muertes por descargas eléctricas en las redes, transformadores o electrodomésticos que funcionan con energía. Caídas de cables en mal estado por tempestades, desplome de transformadores cuyos postes estaban podridos por la falta de mantenimiento y la lluvia, e incendios causados por cortocircuitos fueron constantes en los barrios de menores ingresos en donde no se hacía mayor inversión. La Red Caribe de Usuarios de los Servicios Públicos conmemoró los 13 años de presencia de Fenosa en la región presentando un informe sobre los llamados accidentes, cuyo mayor número se presentó en Atlántico, con 152 casos de electrocución, y Bolívar con 115. “Además de perder a un ser querido, la familia termina revictimizada porque Electricaribe siempre alega la supuesta mala instalación de las redes y la manipulación indebida de los usuarios”, advirtió un vocero de la Red. No existe consolidado de las muertes por descargas eléctricas de 2012 hasta hoy.
Conoce más