La mermelada, dulce eufemismo

Ante la gravedad de los crímenes de Gómez y Marquitos, se tiende a caer en un análisis de “buenos” y “malos”. En una historia que, como la de una película, terminará una vez sea capturado el cómplice suelto (y en caso de que continúen delinquiendo desde la cárcel, cuando ambos sean extraditados, como se acostumbra en Colombia). Una historia que además es única, peculiar. Pues las narraciones periodísticas hacen énfasis en el carácter exótico de La Guajira recurriendo a metáforas relacionadas con el desierto, el calor, el pueblo wayuu, la belleza del paisaje o el departamento como “territorio de violencia”.
Este tipo de análisis pueden traer cierta tranquilidad, sobre todo cuando se hacen (y consumen) en Bogotá. Sin embargo, ver el caso del exgobernador y su brazo armado (o del brazo armado y su gobernador) como un fenómeno aislado, departamental, exclusivo del Atlántico o en vía de extinción, impide hacer comparaciones e inscribirlo en el contexto nacional. Pues el binomio Gómez-Marquitos está en la pepa de uno de los principales problemas nacionales: el acceso de empresarios ilegales al poder político.

Lo intentó Pablo Escobar cuando, aprovechando la novedad del negocio, se metió directamente en el Congreso (años después su hermano escribiría sobre lo nefasto que resultó trabajar con los corruptos políticos). De manera distinta, pero igualmente costosa, el cartel de Cali se animó a pactar con el monstruo liberal de los noventa y a cofinanciar la campaña presidencial de Ernesto Samper. Por su cuenta, el heterogéneo paramilitarismo trató de acceder a burocracias, votos y decisiones por cuanto medio pudo. A veces trabajaron con políticos curtidos, que hacían las veces de bisagra entre Bogotá y algunas regiones (como Tito Rueda Guarín, en Santander). Otras, se fueron en contra de los políticos tradicionales conformando o apoyando “alternativas” (como Convergencia Ciudadana o el PIN). Como lo resumió Carlos Castaño en su Confesión: “No tengo políticos subalternos, y no importa el que gane. El que sea elegido tiene que tenerme en cuenta”.

Qué nos hace pensar que las bandas criminales fuertes no están, desde siempre, en la misma búsqueda. El problema de una política altamente criminalizada no se agota en Gómez, su amigo alias Marquitos, o quien sea que siga en la línea de mando del grupo que alterna sus actividades entre el tráfico de cocaína y el de gasolina. Tampoco termina en La Guajira. Ni lo que sale viene todo del departamento, ni lo que entra se queda ahí. Además, pese a las particularidades de estas tierras y sus comunidades, fenómenos similares son cotidianos en otras regiones fronterizas, mineras o cocaleras.

Regiones en las que el Estado es uno muy presente en lo militar, que cuida las inversiones (en el caso de La Guajira, al Cerrejón), que ha desarrollado una pesada burocracia y ha sido denunciado en distintas ocasiones de trabajar en conjunto con la criminalidad. Un Estado que desconfía de la gente, y del que la gente, a su vez, desconfía. Y que se agrega a un poder político en Bogotá que, al final del día, se torna simplemente hipócrita. Un poder político que por una parte acusa al gobernador y sus secuaces (pese a haber sido denunciado por Arco Iris, es la revista Semana la que desestabiliza al gobernador), pero que al mismo tiempo tiene que pactar con sus sucesores en la búsqueda de los votos de la reelección. Así, varios son los aliados o sucesores de Gómez que, como Jorge Ballesteros y José A. Gnecco, habrían sido beneficiados en el llamado “carrusel de la reelección”.