¿Liberación nacional?

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En el comunicado donde reclama la autoría del atentado en la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional, el Eln afirma, entre otras cosas, que la operación “es lícita, dentro del derecho de la guerra”. El grupo termina su declaración con una exclamación que celebra las organizaciones sociales: “¡Colombia… para los trabajadores!”. A lo largo de las décadas en que ha estado activo el Eln, esta relación con el activismo ha sido mucho menos que directa. Por el contrario, movilización social y subversión han marchado a destiempo.

Históricamente, momentos de efervescente movilización social (durante las oleadas de huelga de mediados y finales de los 70) no fueron necesariamente momentos de gran apogeo del Eln. Esta guerrilla, en cuyos orígenes se encuentran el guevarismo y el legado del cura Camilo Torres, creció sostenidamente entre círculos urbanos y rurales. Tanto la arremetida paramilitar como el fracaso casi total de su desmovilización en algunas regiones hicieron que el Eln incrementara sus acciones militares. Pero fueron sobre todo momentos de cambios económicos derivados de bonanzas mineras y petroleras los que favorecieron la expansión del grupo, alimentando sus finanzas y acciones. A través de los años, trabajos de investigación han narrado cómo la actividad de frentes de las Farc y el Eln acabó por minar las iniciativas de organización popular que fueron estigmatizadas (y reprimidas) como subversivas por paramilitares y actores estatales, y tuvieron asimismo que resistir a frentes guerrilleros, celosos por agarrar y encarnar el descontento popular.

Además de su expansión tras la desmovilización de las Farc (principalmente en zonas de economías ilegales como Chocó y en zonas de frontera), poco se conoce públicamente sobre la historia más reciente del Eln. Especialmente, sobre las negociaciones de paz durante los meses del gobierno Duque y sobre la forma en que se decidió llevar a cabo el atentado contra la Escuela. A pesar de la falta de información acerca de las reflexiones internas del grupo, el contenido y la arrogancia del comunicado permiten concluir que hoy más que nunca esta relación entre movilización y subversión es mutuamente excluyente. Las organizaciones y entusiasmos que el Eln dice representar son los perjudicados en el desenlace del carrobomba.

Entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 en Colombia fueron asesinados 431 reclamantes de tierras, participantes de las mesas de víctimas y de procesos de restitución de cultivos, activistas contra el extractivismo y miembros de organizaciones contra los crímenes de Estado, según la Defensoría del Pueblo. En menos de un mes de 2019, se han reportado más de diez homicidios contra esta población. El atentado del Eln sólo empeora las luchas cotidianas de activistas y dirigentes sobrevivientes.

Organizaciones en Chocó, Norte de Santander y Arauca ven venir un recrudecimiento de los enfrentamientos entre el Eln, el Ejército y otros grupos armados. “Si el atentado ocurrió con un diálogo en pausa y en Bogotá, ¡imagínese lo que nos espera en las regiones!”, resumió la dirigente chocoana Gladys Rosa Mena, entrevistada por Colombia2020. Para la Asociación Campesina del Catatumbo, “cuando la posibilidad de diálogo tambalea, la principal consecuencia es el recrudecimiento del conflicto armado, que la mayoría de las veces deriva en la violación de los derechos humanos de las comunidades indígenas y campesinas que habitan la región. Eso implica que también habrá mayor desplazamiento de los civiles, secuestros y víctimas por las minas antipersonales”.

Y no se trata sólo de combates. Quizá la consecuencia más dura en la resaca del atentado a la Escuela será la rienda suelta que se ha dado a las Fuerzas Armadas. El renacer de la amenaza subversiva llevará a peores situaciones de riesgo para las organizaciones, al tiempo que vuelve a ganar oxígeno político la narrativa del enemigo interno de la que se alimentan siempre los nostálgicos del paramilitarismo terrateniente.

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