Los números más pequeños

“Yo soy operador en máquinas del Sena”, me cuenta Tomás en una ciudad del Caribe colombiano. “Por eso conozco de micromediciones de agua y electricidad”. Me explica que, por su oficio de precisión y contacto con fórmulas, pudo detectar errores en las facturas de servicios públicos en la región. Desde inicios del 2002, él y otros denunciaron incoherencias entre los recibos y las realidades de los barrios de menores ingresos en los que aumentaba, en un contexto de conflicto armado, la desesperación por la acumulación de deudas. Desconfiaron, por ejemplo, del rutinario cambio de medidores que se cobran a plazos en el recibo. “Lo que pasa es que ponen un medidor desechable, que apenas pasa los tres años, o antes, se daña”, dice Tomás. Ciro, otro escrutiñador de recibos, me pide corroborar los precios de fabricación de los medidores: “Los medidores valen $30.000 y los cobran o arriendan por $200.000, que es una barbaridad tremenda”.

Se fijaron así mismo en las multas por fraude que Electricaribe cobra principalmente al estrato dos. Estas se basan a veces en observaciones sin sustento de contratistas o en el desgaste natural de la infraestructura sin mantenimiento. Ciro narra la satisfacción que sintió cuando, tras estudiar un proceso contra una tía, se dio cuenta de la trampa. “Me llevé el expediente y por fin noté algo pequeño que fue que el medidor que habían puesto en la foto del acta no era el de ella. Entonces, en base a eso demandé a la empresa y la empresa me revocó la multa”. Otra irregularidad encontraron en la facturación de consumos inflados. Esto pasa cuando las cajas de los medidores están sucias u oxidadas y al no poder leer los consumos, los contratistas los estiman. También ocurre cuando los medidores se declaran dañados u obsoletos. Como estos cobros de más suelen ser de poco valor, son difíciles de descubrir.

Pero quizá los más imperceptibles son aquellos que se les hacen a los llamados barrios “subnormales”, que en su mayoría acumulan deudas antes que interponer procesos, debido a los costos de buscar ayuda. De acuerdo con la ley, el Estado, con el Fondo de Energía Social (Foes), subsidia gran parte de estos consumos, en espera de que pueda regularizar las redes a estas comunidades. La dificultad de estos barrios para pagar hacía sospechar de la supuesta maravilla del subsidio. En 2013, Tomás me alertó sobre lo que, en su medio, era un secreto a voces: “Mire el subsidio, mire la factura, fíjese que en la factura se quedan con el subsidio, lo están haciendo desde el 2002, lo hacen y el Gobierno sabe y los dejan”. En el 2014, Ciro me recordó: “Electricaribe le pasa sus pérdidas al Estado, aun no teniendo las pérdidas. Fíjese en el Foes: les quitan a la gente una parte del subsidio y se la quedan”. Esta semana la Contraloría General informó sobre la presunta desviación que habría hecho Electricaribe de los recursos provenientes del subsidio del Foes con el propósito de disminuir sus niveles de pérdidas, que ascendería a más de $200.000 millones.

Un recibo de la luz tiene palabras, gráficos de barras, números, consejos para ser mejores clientes. Saturados de información en sus dos caras, los recibos son aburridos. En sus operaciones numéricas son difíciles de corroborar, pues es fácil sentirse abrumado entre conceptos, kilovatios por hora y cifras. Los recibos parecen impecables. Entre más números, se piensa, mayor exactitud y veracidad. Los desvíos de Electricaribe (ante la apatía de gobiernos locales, Ministerio de Minas y reguladores) revelan cómo la injusticia se genera de la manera más insignificante, a través de recibos con cálculos que no podemos entender y que no dan cuenta de las comunidades a las que afectan. En barrios de Malambo, Cartagena, Soledad, Ciénaga, las deudas y los accidentes por electrocución proliferaron cuando profesionales aplicaron fórmulas, contratistas reportaron consumos, empleados desviaron subsidios y funcionarios estatales aprobaron informes.