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En diciembre de 1950 el director del “Departamento de Investigación” informó a sus superiores que mediante una intervención de teléfonos descubrió una situación singular.
Quienes estaban siendo “chuzados”, captaban las conversaciones entre miembros de la policía. Grandísimo fue su asombro: los presuntos delincuentes, a quienes creía estar espiando, habían infiltrado a la policía y tenían acceso a todos los planes del espionaje.
Situaciones similares han debido experimentar policías, militares y funcionarios en la última década. Soldados en 2008 encontraron en un computador del Eln informes enviados al DAS, con todos los detalles sobre las operaciones contra el Eln. Detectives del DAS en la era Noguera fracasaron sistemáticamente en allanamientos y operativos, conocidos con antelación por los paramilitares. La Unidad Nacional Antinarcóticos falló en su intento por detener el paramilitarismo nortesantandereano, pues Ana Flórez, quien fuera la directora seccional de fiscalías, los notificaba. “¡Óigame bien! Llegó una comisión de Bogotá (…) Vienen por mi novio y por varios de aquí”, explicó la mano derecha de la directora a su “amigo” del Bloque Catatumbo.
Como Noguera y Flórez, Mauricio Santoyo vendió información a carteles sobre narcos rivales y datos sobre operaciones militares. Son tantos los casos y el dinero en juego en cada uno de estos sobornos que tal vez hoy, a diferencia de 1950, ya nadie se sorprenda. Lo que sí sorprende es la ridiculez de algunas de las propuestas que se han hecho en los últimos días. Hay quien prepara, por ejemplo, un proyecto de ley sobre el uso obligatorio del polígrafo. Imagino desde ya la efectividad de la medida, así como el calibre de las dádivas que les serían ofrecidas a los encargados de practicar la prueba. ¿Habrá, acaso, un Ministerio del Polígrafo? ¿Le harán la prueba al futuro ministro? ¿Y en cabeza de quién podría recaer tan suculento botín?
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