Nuevo ciclo de conflicto

En días pasados Iván Duque habló sobre el compromiso adquirido por su Gobierno para proteger la vida de los líderes sociales amenazados, a través de una política de acompañamiento a “esa comunidad”. “Nosotros en el Consejo Nacional de Paz lanzamos una estrategia de protección integral de líderes sociales y es un compromiso que tenemos con esa población”, afirmó Duque. Desde finales de 2018 (y ante la presión de la comunidad internacional) se anunció la creación de la Comisión del Plan de Acción Oportuna para Defensores de Derechos Humanos que se encargará de “prevenir y proteger, individual y colectivamente, los derechos, la vida, la libertad, integridad y seguridad” de los líderes del país. Al respecto, la ministra del Interior, Nancy Gutiérrez, dijo que “se trata de un plan de atención oportuno, rápido, para poder garantizar una reacción”.

La ministra explicó que la responsabilidad de los asesinatos recae en el narcotráfico (“todo esto indiscutiblemente tiene una causa y es el narcotráfico”). Para el Gobierno actual, el “problema” surge con el aumento de cultivos de coca en la pasada administración. “Cerca de 200.000 hectáreas de narcotráfico y una batalla en contra de esta práctica ilícita es lo que ha llevado definitivamente a que se vean amenazados los líderes en Colombia”, explicó, por ejemplo, Gutiérrez. El fiscal Martínez añadió que “la violencia” contra los líderes es perpetrada por “organizaciones criminales estructurales que están operando en los territorios”. Por su parte, la Corte Constitucional ha hecho un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que brinde garantías de protección a las personas que estén “en riesgo”.

La discusión gira entonces en torno a atrevidas generalizaciones. “La violencia”, “los líderes”, “el narcotráfico”. No sólo los matices, sino también todos los procesos y las geografías quedan englobados en una lucha genérica y abstracta por “el derecho a la vida”. Se pasan por alto las distintas causas de las campañas de exterminio que implementan a diario actores heterogéneos.

El mentado “problema” son varios y desbordan las “hectáreas de coca”. Bajo el sombrero de “los líderes” se agrupan historias y apuestas políticas concretas. Hay juntas de acción comunal urbanas que resisten empresas extorsivas desde los tiempos de la fallida desmovilización paramilitar. Hay organizaciones reclamantes de tierras que insisten en sus derechos pese a la tradición latifundista campante y comunidades que luchan en contra de la minería de oro y denuncian el metilmercurio que recorre sus ríos. En la región del Naya y el Cauca, la población vive en medio de la tensión creada por los Pelusos, el cartel de Sinaloa y el Eln (que se disputan el territorio que antes estaba bajo el mando de la guerrilla de las Farc). Están también siendo atacadas algunas fundaciones de víctimas de desaparición forzada. Un atentado contra Alfamir Castillo, la madre de una de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, fue registrado esta semana que acaba. Castillo, que ha trabajado por el esclarecimiento de las muertes por ejecuciones extrajudiciales en el gobierno Uribe, está siendo amenazada desde 2012, cuando empezaron las audiencias contra integrantes del Ejército.

En los golpes de pecho de Duque y su gabinete hay además algo que resulta cosmético. Pues mientras que se comunican planes de protección a líderes particulares, no se discuten los nexos del propio Gobierno con agendas que han estigmatizado los liderazgos de oposición. El partido en poder, el Centro Democrático, ha sostenido siempre que las movilizaciones sociales hacen parte de la subversión. Así, la preocupación del Ejecutivo se revela falsa y mediocre cuando en la misma semana en que se anuncian medidas de protección a los líderes se concretan altos nombramientos de militares involucrados en ejecuciones extrajudiciales. Entre tanto, se le da más poder y fondos al latifundismo legendario de Fedegán.