Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La «Guerra contra las ollas” se celebra y reseña en comunicados oficiales y reportajes a lo largo del país. Con protagonismo televisivo, es el presidente Santos quien bautiza las “ollas” (al nombrarlas, las crea) y luego decreta su final. Así, en descripciones gubernamentales, declaraciones de la Policía y notas periodísticas se nos habla de la olla como un sitio con vida propia; una fuerza maligna que debe ser combatida con ahínco (“hay que darles duro a las ollas”).
Una olla, sin embargo, no es un monstruo ni un grupo armado. Son más bien unas rutinas en un par de calles, unas coreografías de consumo, prostitución, rebusque. Son espacio de diferentes búsquedas o afanes, y la población que las habita es bien diversa: hay quien encuentra humos, quien ofrece sexo, quien vende almuerzos o tintos.
La intervención de la olla significa la ruptura abrupta de esas rutinas; el cierre y militarización de las respectivas calles; la captura y judicialización de jíbaros o capos urbanos y, en consecuencia, la dispersión de la población hacia otros barrios. Según los planes del Gobierno, la cuarta fase de la mentada guerra es de intervención “social”, pero nunca nos explican cómo van a hacer para encontrar a las personas desplazadas en las tres fases anteriores.
Es posible que transiten ya otras calles, en búsqueda de otros expendios que aún no han sido reconocidos como ollas. Pues pese a lo preciso del lenguaje gubernamental, que citando cifras puede confundirnos en una ilusión de objetividad (y buen gobierno), la razón de por qué unos expendios son ollas y otros no, suele estar relacionada con el barrio, los vecinos y el valor de la finca raíz. En Medellín, por ejemplo, algunas travestis suspicaces afirmaron que era su calle, y no otras parecidas, la que estaba siendo “intervenida” porque una universidad privada había comprado edificios cercanos y quería todo “limpiecito”. La guerra no es contra las ollas. La guerra es contra las ollas incómodas.
Van sesenta días, 314 allanamientos, 780.067 dosis de drogas incautadas, 1.641 capturas. Funcionarios, policías y presidente han hablado de acabar, exterminar, arrasar, erradicar, fumigar, extinguir y desaparecer las ollas. Usando un lenguaje que se asemeja, peligrosamente, al de la limpieza social. Ahora Santos, con mucha virilidad y poca cautela, vuelve a intervenir: “Voy a dar otra orden: tenemos identificadas 25 ollas más y vamos a dar 60 días… la guerra… no va a parar un solo segundo”. Sin cautela, pues no parece recordar que bajo su mando hace algunos años, apremios similares desataron la saga de ejecuciones extrajudiciales.
Es muy riesgosa esta orden, sobre todo al darse en contextos en los que, para algunos miembros de las Fuerzas Armadas, la vida del otro puede valer poco. Muchachos desempleados o con discapacidades cognitivas, en el caso de los falsos positivos; hombres y mujeres adictos al bazuco y prostitutas de la población transgenerista, en el caso de las ollas. Poner presión sobre un cuerpo armado estatal, exigiendo resultados rápidos y espectaculares, en situaciones complejas (como la de los expendios), es torpe y podrá desatar todo tipo de tragedias.
Conoce más