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En 1998, los semáforos de la ciudad colombiana eran epicentro de un fenómeno literario. Se vendía como pan caliente, en su versión pirata, el libro Padre rico, padre pobre, que (según el resumen de circula en internet) “explica cómo los ricos crean y conservan su riqueza”. En aquel momento un conocido me contó que el libro, escrito por Robert Kiyosaki, hablaba de la importancia de la mentalidad correcta en la construcción de la riqueza. Esta es la que propende por varias fuentes de ingresos (en lugar de ser empleado). Es la mentalidad emprendedora.
En mis recuerdos, el éxito de Padre rico, padre pobre coincidió con un momento de flexibilización de la legislación laboral en el país. La década de los 90 se estaba acabando y el nuevo milenio se acercaba con sus contratos comerciales con empresas temporales, sus cooperativas de trabajo asociado y sus contratos de prestación de servicios. Se hacían habituales las leyes que despojaban a los trabajadores de sus derechos y al tiempo se hacían cada día más comunes el rebusque y la informalidad. Pocos años después, gobiernos como el de Uribe Vélez precarizaron aún más el panorama formal. Por ejemplo, la Ley 789 de 2002,extendió la jornada diurna —que iba de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde— hasta las 10 de la noche.
Cabe recordar al entonces ministro Diego Palacio repitiendo hasta el cansancio que “las futuras generaciones están condenadas a vivir en un país que no es competitivo debido a los costos laborales”. Con esa premisa se prometió que, al abaratar los costos laborales, aumentaría el empleo y esto beneficiaría a “los más necesitados”.
Pero (¡qué sorpresa!) eso no sucedió; por el contrario, se profundizó la informalidad en el campo y la ciudad. Entre tanto, se predicaba desde el Estado, la radio y hasta las telenovelas la importancia de la mentalidad emprendedora. De manera cruel, se ensalzaba el espíritu independiente de quien no tiene jefe ni horarios, cuando lo cierto es que no había alternativa. Estábamos asistiendo al fin del empleo asalariado en Colombia.
Así, con el espíritu del “padre rico, padre pobre” avanzó, por un lado, la flexibilización del empleo formal y, por el otro, la multiplicación del informal. Sin embargo, hace algunos años vemos un nuevo fenómeno: a través de plataformas digitales ambos mundos se encontraron. Empresas como Rappi aprovecharon la multiplicidad y precariedad de la economía informal para hacer plata a tutiplén, de manera legal (y formal). Desde su creación, en 2015, se han publicado todo tipo de perfiles y ovaciones al modelo de negocios de Rappi. Rompiendo récords de ganancias para sus accionistas, la start-up se especializó en conectar unos modos de hacer propios de la informalidad urbana con flujos de capital global.
En el año 2020 los semáforos de la ciudad colombiana estaban casi siempre vacíos de carros. En el contexto tan duro de la pandemia del covid-19, solo había personas (en su gran mayoría hombres) rebuscándose a través de Rappi. Con sus distintivos maletines anaranjados (como la economía del entonces presidente Duque), esperaban las notificaciones de la plataforma para salir a hacer domicilios. Casi todos se veían exhaustos y trabajaban sin horario, pero sin parar. A ellos les debemos tanto. En momentos difíciles hicieron más fácil la vida de la ciudad, yendo y viniendo de droguerías, haciendo mercados, “favores”, arriesgando su salud y esperando en porterías. Como retribución recibieron muy poco.
Hoy, como en 2002, hay quienes argumentan que la introducción de derechos laborales los perjudicará a ellos (“a los más necesitados”). Pero ante el triunfo de Gustavo Petro se podría pensar que la narrativa del emprendimiento ha llegado a su límite y que las mayorías quieren trabajo digno. Y frente a las políticas lideradas por la ministra Gloria Inés Ramírez hay razones para la esperanza.
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