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Las cosas del Estado: los objetos, las construcciones en cemento, metal o fibra financiados con dineros públicos, tienen un rol en la vida nacional.
La infraestructura preña el aire de posibilidades: abre las puertas a varios tipos de futuros, tiene consecuencias tangibles en la vida de la gente. Un puente, por ejemplo, cambia la vida de varios barrios. El viaducto La Flora, construido en Bucaramanga en 1995, conectó sectores boyantes en finca raíz. Significó cercanías y ganancias pero también cambios bruscos en los barrios que quedaron por debajo de las vigas y los carros, ruido, mugre, desvalorización de las casas.
Según los detalles de su planeación y construcción, las infraestructuras y objetos son también recalcitrantes, tienen inercia y una vez trazan caminos, estos son difíciles de corregir. Barranquilla construye una ciudad que evacúa las aguas sucias de aguacero del norte décadas después, son sus sures y ciudades amortiguadoras como Soledad o Malambo, que recibirán cada vez más rápido el golpe repentino (pero predecible) de los arroyos. La canalización es enorme, pesada —y la ciudad pensada para crecer legalmente al norte (o afuera) no tiene iniciativas, para remediarla—. Lo mismo que el sistema de acueducto de Cali o el mentado metro de Peñalosa, puede pensarse en obras que beneficien a un sector a costa del bienestar de otro.
En el gobierno Santos, que ha sido largo y enfocado a la superación del conflicto y la prosperidad, se han repartido paquetes, artefactos, tubos y contratos en cantidad. Una mirada prevenida puede alertar sobre un alineamiento en las lealtades, un amarre de disciplinas, una homogenización de los ritmos y un veto de las rebeldías. Sin embargo, en la medida en que se desenfunda cada programa (en cierta continuidad con proyectos, tipo Acción Social, de la era Uribe), asoman paradojas y sorpresas.
Una, menudita, tiene que ver con la “revolución del agua”, con la que el Ministerio de Vivienda llegó a “todos los rincones del país con programas de agua que contribuyen también a superar la pobreza extrema”. Como la revolución es asistemática y el agua en algunos “rincones” llega sólo a veces o es muy cara, los barrios del Pacífico cosechan agua en platones que esperan lluvia en los patios. No es esta una solución a largo plazo ni es esta el agua adecuada para tomar, pero comunidades cierran a veces la llave ineficaz del Estado para no depender de él.
Otra sorpresa viene con el papel de los recibos. Muchas familias en las ciudadelas de vivienda (“para los más pobres de los pobres”) reciben por primera vez recibos de servicios públicos y entran en la formalidad. Podría pensarse que estos, cada vez más ricos en detalles y tecnicismos, son impenetrables y opacos. No obstante, con esos mismos recibos se multiplican quejas y demandas contra las muchas empresas de electricidad, agua, aseo y gas. Con lupa y copia de la Ley 142 de 1994, las comunidades estudian los recibos, desmenuzan inconsistencias y usan el papelito en contra de las empresas que lo idearon.
Una última paradoja la dibuja el poderoso ministro de las TIC. 13 mil, 14 mil, 50 mil “tabletas para educar” se entregaron alrededor del país. La misión es hacer palanca para que los “más pilos de los pilos” usen estas herramientas y sean los mejores. La tableta es de uso personal y, como los programas de becas en instituciones de primera, se premia el esfuerzo de estudiantes excepcionales en su labor individual. La paradoja está en algunos de los barrios del sur del Atlántico urbano, en donde los estudiantes “más bondadosos de los bondadosos” destinaron sus tabletas al goce de los abuelos y demás jubilados para que pasen las tardes viendo peleas de boxeo.
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