Posglifosato

En la esquina de los entusiasmos cabe pensar en el balance de estos 30 años de fumigación, financiada por Estados Unidos e introducida en el país en medio del capítulo de colaboración cartel de Cali/campaña Samper. Una evaluación cualquiera debería reconocer cinco equivocaciones o lecciones (o deudas) pendientes.

La primera, de desconocimiento u olvido de las condiciones naturales y materiales en general. En la fumigación de unas parcelas puntuales, específicas, desde el cielo, no se tuvieron en cuenta la brisa ni las corrientes de agua, los animales que se mueven con las patas y las alas y las aletas. Todo se fue corriendo a otra parte y el castigo se hizo macizo, irrespetuoso de cualquier límite, torrente sanguíneo o parcela sembrada con temor de la ley. “Las fumigaciones con aspersión aérea son indiscriminadas”, explicó en 2011 la Unidad de Atención Técnica Agropecuaria (Umata) en Tumaco. “A raíz de los desproporcionados resultados erróneos de la fumigación se está presentando el fenómeno de desplazamiento por hambre”, agregó.

La segunda tiene que ver con el prontuario médico, fundado en certezas viejas y publicaciones nuevas. Embarazos perdidos, apilados en registros médicos y certificados por Adriana Camacho y Daniel Mejía, de la Universidad de los Andes (la exposición al glifosato aumenta la probabilidad de sufrir abortos espontáneos). Posible cáncer advertido por la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (la exposición al glifosato aumenta la probabilidad de albergar un linfoma no Hodgkin). Quienes alzan la voz reconocen que en la cadena de la coca también se usan químicos, pero (añaden) encimar químicos estatales sólo multiplica la probabilidad de enfermedad.

La tercera es de deuda con la población negra. Aunque en algún momento la Corte Constitucional obligó a la consulta previa y blindó a ciertas comunidades indígenas de la fumigación, las comunidades afrocolombianas del Pacífico no contaron con las mismas protecciones. En 2010 fueron fumigados todos los diez municipios de la costa pacífica nariñense. Por su parte, el balance sobre aspersión de la Diócesis de Tumaco (municipio en el que el 88% de la población es afrocolombiana) afirma que “para erradicar una hectárea cultivada con hoja de coca, en promedio se afectaron 20 hectáreas en sus alrededores”.

La cuarta: la morisqueta del servicio de reclamos. La queja debe presentarse ante la Alcaldía de la cabecera municipal, dentro de los 30 días siguientes a la aspersión. Además de los títulos de tenencia de la tierra en orden, el campesino debe documentar la actividad económica realizada y la ubicación geográfica puntual. Esta última a través de coordenadas o cartografía. “Los mapas o croquis a mano alzada no dan certeza sobre la ubicación del predio, por lo que no se tendrán en cuenta” (es decir, contratando un servicio técnico difícil de encontrar y de pagar).

La última equivocación es emocional (y no por eso banal). Las veredas y “el resto” de los municipios fueron regados en contra de su voluntad por varias generaciones. Diócesis, fundaciones, concejales, alcaldes y universidades cuestionaron la legalidad de la medida, solicitaron en muchos tonos y por muchos años el cese inmediato de las fumigaciones. Muchas personas vivieron décadas consintiendo la ansiedad de caer enfermos.