Público, privado, público, privado

Distintas razones y recuerdos han llevado a que pensemos en el sector público (empresas públicas) como lugar gris, fortín político del desorden o la “ineficiencia”. Lo “privado”, por el contrario, solemos asociarlo con adjetivos como transparencia y honestidad. Estas percepciones, que forman parte del sentido común, van incluso acompañadas de un retrato de los individuos que pertenecen a cada categoría. Al funcionario estatal se le imagina cómodo, aprovechado, acaso ocioso, y al gerente que viene del sector privado se le pinta como preparado y profesional.

Experiencias de las últimas décadas nos demuestran, sin embargo, que la diferencia entre mundos que creemos tan incomparables son tenues y que al final del día el mentado binomio no es el más adecuado. Muchas empresas privadas pueden existir sólo porque reciben directa o indirectamente ayudas estatales. Para animar a los actores privados a participar en la prestación de servicios públicos, varios gobiernos prometieron exenciones y dádivas. Cunden empresas privadas subsidiadas por dineros públicos.

Otra zona opaca entre las dos categorías tiene que ver con el endiosamiento del sector privado. La imagen de profesionalismo, de tecnócratas bien intencionados y peluqueados, ha demostrado no ser tan pertinente. En primer lugar, porque el sector privado puede ser sinónimo de sector armado. La apertura de espacios para la empresa privada como prestadora de salud (inaugurada con la Ley 100) permitió a los paramilitares del bloque Central Bolívar formar empresa y apoderarse de los dineros de la salud en municipios como Cimitarra, Santander.

Así se trate de “el sector privado” soñado, de cuadros preparados (y no armados), este no puede separarse tajantemente del “público”. Se trata de los mismos círculos: pertenecen a las mismas redes familiares/amorosas, políticas, comerciales. La trenza entre los operadores privados y las distintas escalas de gobierno es apretadísima.

La situación de Buenaventura, cuyos habitantes (salvo los acaudalados) reciben diariamente cuatro horas de agua, viene al caso. Tras considerar que la empresa no podía manejar el acueducto (en palabras del ministro del momento, “las empresas públicas de agua estaban llenas de politiquería y acababan era metiendo al sobrino del tipo que les ayudaba a conseguir los votos en un barrio”), éste se entregó en concesión y desde Bogotá a una empresa mixta. Días después de ganar la licitación, la empresa con sede en Buenaventura contrató a un operador privado con sede en Medellín (éste, a su vez, resultado de la fusión entre una empresa antioqueña con una bogotana). Inversiones millonarias, incentivos, Conpes. Trece años después, este caso de ineficiencia impune evidencia la capacidad de coordinación entre funcionarios, empresarios, reguladores y amigos.

Y la dificultad de separar a los “públicos” de los “privados”.