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Pabla Valdés, vendedora de cocadas, perdió a su hijo de siete años en el barrio Nueva Colombia de Barranquilla. Dayan Darío tocó un poste mientras jugaba con los amigos después de llegar del colegio.
Raquel Ochoa, vendedora de lotería, perdió a su hijo de 14 años en el barrio El Ferry. Nóviles Antonio tuvo un accidente con electricidad cuando planchaba una camisa para ir a una fiesta. Blanca Nelsy Tafur, empleada doméstica, perdió a su mamá en Villa San Carlos, otro barrio al sur de Barranquilla. La señora sufrió quemaduras al conectar una extensión, tras un pico en el voltaje. Una familia joven perdió a su hijo en Ponedera, Atlántico. El niño caminaba frente a la casa y se tropezó. Intentó agarrarse de una guaya, ese trenzado de cables metálicos que en algunos barrios se unen en diagonal a la parte más alta de un poste.
Las dos primeras historias fueron registradas en 1993. La tercera es de 2008. La última fue denunciada hace menos de un mes. Las dos primeras familias se quejaron ante la electrificadora pública de entonces sin que nadie respondiera por nada. Las dos últimas se quejaron ante Electricaribe, el concesionario actual. Sólo Blanca Nelsy, que cuenta con una amiga abogada, pudo demandar a la empresa tras la muerte de su madre. Ocho años después ganó el pleito. Le da rabia, sin embargo, que en su barrio “la situación por alteración del voltaje sigue siendo la misma”.
Pese a que el grupo que dirigió Barranquilla en la última década fue premiado con el ministerio de Infraestructura, la infraestructura del Atlántico (y de la costa Caribe) es vulnerable. Podría pensarse que el descuido afecta a los barrios de la región por igual. Pero la vulnerabilidad y los recursos para hacerle frente se distribuyen de manera desigual. La lluvia, la sequía, la brisa y los picos de voltaje golpean agresivamente a las familias en el sur de Barranquilla. Tras años de contrarreforma agraria, afectan también a los barrios hechos o repoblados en los ochenta y noventa. No sólo en Barranquilla, sino en las ciudades que la abrazan, la alimentan de mano de obra, le permiten funcionar y ser admirada, bautizada como “la ciudad del futuro”.
Podría pensarse, también, que el problema es de tiempo o de cronograma. Que los gobiernos van barrio a barrio y siembran las calles con infraestructura segura: tarde o temprano llegarán a Villa San Carlos, a Ponedera, a Soledad, a Malambo… Que con Vargas Lleras llegará el estado en helicóptero a estabilizar el voltaje en estos sitios que las autoridades no habían visto. Que quizá habían olvidado, pospuesto por falta de fondos o porque los políticos son corruptos y porque Electricaribe es muy malvado. Aunque resulta jugoso encontrar un enemigo común en la empresa o culpar a toda una clase política regional, las electrocuciones y los problemas de acceso equitativo a la energía son obra de un esfuerzo mancomunado. Agencias, aliados y funcionarios del estado han trabajado activamente para que estos barrios vivan así.
La marginalidad de estos espacios se ha construido con prácticas específicas: obras de infraestructura con buenos materiales sólo en unos barrios, reguladores que tienen pereza al vigilar los fondos especiales para electrificación, alcaldes con pataletas cortas y tardías (el mandatario distrital de Barranquilla manifestó hace poco que Electricaribe ya le agotó la paciencia: le dañó la nevera de su casa y los focos de la terraza). La marginalidad se construye cotidianamente con medidas que castigan y sospechan: no quieren pagar, están robando, hay que multarlos.
Hacen falta amigos, allegados, avispados abogados para que otros, como Blanca Nelsy, puedan sacudirle los bolsillos a la empresa, la ciudad, o la nación en busca de reparación.