Torcoroma

“En este momento usted tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga es usado en su contra”, dice el oficial continuando su monólogo. “Tiene derecho a informar a un familiar o un acudiente del motivo de su captura”. Los medios impresos de Cúcuta especulan, usando la información que médicos y enfermeras filtran y chismosean en desacato espectacular del secreto profesional. “La mujer habría ingerido siete pastillas para expulsar el feto, según información de los médicos”, titulan. Añaden que la mujer “informó que tenía dos hijos y no deseaba tener más, por lo cual realizó la interrupción ilegal del embarazo”.

El departamento de Norte de Santander está compuesto por 40 municipios, posee una extensión territorial de 21.658 kilómetros cuadrados, en los cuales, según descripciones de la Vicepresidencia de la República, “la particular situación geoestratégica, de extensa frontera, ha propiciado la presencia de los grupos armados irregulares y el desarrollo de negocios ilícitos, como el contrabando, en particular de hidrocarburos, y el narcotráfico, en sus fases de cultivo, procesamiento y comercialización”. En una región sembrada de tantas tensiones, fue el propio comandante de la Fuerza Pública quien se ocupó personalmente del mentado aborto.

Jorge Quintero, comandante de la Policía de Norte de Santander, se puso al frente de la investigación y dio su declaración ante las cámaras. Contó cómo, tras la visita de la mujer con mucho dolor al servicio de urgencias, los médicos encargados le “informaron del crimen”. “Somos informados de la situación de una señora que llega con algunos quebrantos de salud a buscar ayuda”, narró. Y concluyó: “Verifican la parte médica y se dan cuenta de que ella ha tomado algún medicamento. En ese momento la parte médica se le resuelve, pero ella pasa a ser investigada y judicializada por la policía judicial de Ocaña”. Aprovecha la situación para recordar que la Policía de Norte de Santander pide a las madres “no realizar estas prácticas” e invita a la ciudadanía a delatar a mujeres que incurran en ellas. Se reitera de esta forma que la comunidad debe “denunciar este tipo de hechos marcando a la línea única de emergencias”.

Según información de la Defensoría del Pueblo, los tres hospitales públicos de Ocaña se niegan a practicar cualquier tipo de terminación del embarazo (incluso en los escenarios previstos por la ley) y entregan a mujeres y adolescentes sospechosas “de aborto” a la policía judicial. Además del Emiro Quintero, están el Hospital de San Antonio y el Hospital de la Torcoroma. Este último hace homenaje, con su nombre, a la Virgen de Torcoroma, que según cuenta la leyenda apareció en una montaña del municipio en el año 1711. Es a ella, la Virgen de Torcoroma, tallada milagrosamente en el tronco de un árbol (y que dice curar las tristezas del cuerpo y las del alma), a la que tantas ocañeras, incluyendo varias generaciones de mi familia, le pidieron bendiciones y justicias que nunca llegaron.

Todo ocurrió esta semana en este municipio, un pedazo del Catatumbo que vive al acecho de mujeres “sospechosas” y le da la espalda a cualquier empatía frente a la soledad de los embarazos no deseados.