Trabajar, trabajar y ¿trabajar?

El senador Uribe Vélez radicó un proyecto de ley que busca dar facultades extraordinarias al presidente para que decrete un incremento salarial significativo sin necesidad de esperar el resultado de las negociaciones entre empresarios y sindicatos. La noticia fue bien recibida por los gremios y el propio Mac Master, presidente de la Andi y en el pasado siempre reacio a las alzas, dijo que la propuesta “puede traer efectos importantes en los hogares colombianos, en su capacidad de compra”. Ante semejante convergencia y la posibilidad de un alza en el salario mínimo, se abren ventanas para el optimismo. Sin embargo, asoman dos contradicciones que dan al traste con cualquier entusiasmo.

La primera tiene que ver con el estado comunitario uribista de “confianza inversionista y seguridad”. Parte fundamental de esta ideología fue la desvinculación de empleados públicos (miles de funcionarios del gobierno central, miles de empleados de hospitales y acueductos rurales) y la flexibilización del empleo en general. Uribe, que en comunión con los organismos multilaterales había promovido la tercerización y precarización del código del trabajo desde su carrera parlamentaria en los 90, impulsó (de la mano de Carrasquilla, ministro de otrora y ahora) la contratación temporal a partir de cooperativas. Según datos del Ministerio de Protección Social, se pasó de 401.797 trabajadores en esta modalidad en 2003 a 866.158 en el 2009. Por su parte, la generación de empleo se enraizó en el sector informal. En 2008 el 58 % de la población trabajadora se encontraba en situación de informalidad o rebusque. En 2013 el porcentaje ascendió a 62 %.

Introducir el fin del trabajo asalariado no fue fácil. Tal vez por ello coincidió con la consolidación de los programas de transferencias en Colombia. Con apoyo del Banco Mundial, subsidios monetarios como “Red Juntos” y “Familias en Acción” (algunos aún vigentes) pretendieron elevar los ingresos de hogares pobres que cumpliesen ciertas condiciones (con menores de edad, encabezados por mujeres, desplazados por grupos armados). Podría pensarse entonces que, en vez de un alza en el salario mínimo, lo que sería coherente es que Uribe proponga un sistema universal de transferencias, en el que no sólo unas, sino todas las personas que lo necesiten (incluyendo varones desempleados) reciban un pago. Una transferencia monetaria mensual no condicionada y pensada para distribuir la riqueza que deja en manos de algunos la explotación de los recursos de todas y todos. Un subsidio cruzado que saque partido de nuestra legendaria desigualdad. Esto le convendría incluso al Centro Democrático (economistas y antropólogos han descrito con detalle cómo este tipo de transferencias se traducen en votos por el uribismo). Pero no creo que Uribe quiera llegar tan lejos en sus sueños de redistribución.

Y esto nos lleva a la segunda contradicción. Una que es, quizás, ética. Uribe podrá pasar su proyecto de salario mínimo pero hay quienes siempre recordarán que en su carrera estuvo vinculado con agendas de represión de reivindicaciones laborales. La Corte Suprema investiga un caso de manipulación de testigos relacionado con su función como Gobernador de Antioquia hacia finales de los 90 (se le acusa entre otras cosas, de estar relacionado con la fundación del Bloque Metro de las autodefensas unidas de Córdoba y Urabá).

De acuerdo con datos oficiales, se registraron 850 homicidios de sindicalistas entre 1996 y 2002, en momento de plena expansión del paramilitarismo. Estos homicidios se concentraron en Medellín, pues dirigentes sindicales de Urabá y otras zonas de Antioquia (y Córdoba) buscaron refugio en la ciudad. Durante la presidencia de Uribe se redujeron los homicidios de sindicalistas (entre 2003 y 2010 se registraron 382). Esta disminución no se debió necesariamente a un cambio fundamental en las ideas: en muchas partes la violencia contra los sindicalistas disminuyó simplemente porque la actividad sindical había desaparecido.

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