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Para 2012, año en que comenzaron los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), la región del Catatumbo en el nordeste de Colombia estaba atravesada por tres actividades económicas que marcaban sus rutinas y su suerte.
La primera era la minería de carbón y petróleo, que creció a lo largo del siglo veinte de forma paralela a la presencia de grupos armados ilegales. Mientras que en Sardinata y El Carmen creció la extracción de carbón (y con ella la extracción informal de rentas), Tibú ha sido un municipio petrolero con presencia guerrillera. Desde 1999, los habitantes habían sufrido la intensificación de combates y violencia contra la población, marcada por la llegada del Bloque Catatumbo, perteneciente al Bloque Norte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, que operó bajo el liderazgo del hoy gestor de paz, Salvatore Mancuso.
La segunda era el cultivo de coca. Dice la Comisión de la Verdad que “la hoja llegó a la región a finales de los años 80 por La Gabarra, pero tuvo su momento de apogeo a partir de los 90, cuando empezó a expandirse hacia otros municipios”. Lo que se conoce como la colonización o boom cocalero de los noventa fue al principio “prosperidad” y después apogeo de grupos armados que se disputaron el control del cultivo, la fabricación y distribución de la coca. Fue durante esa época que la región se convirtió en una de las principales rutas de exportación del narcotráfico.
La tercera era el monocultivo de palma de aceite, que llegó a la región en 2001 como parte de una iniciativa del Gobierno de Pastrana (hijo) para reemplazar los cultivos de coca. De acuerdo con el Centro de Documentación Palmero, el cultivo comenzó con mil hectáreas y, para 2020, había alcanzado cerca de 30 mil, impulsado no solo por la alta demanda internacional de aceite de palma, sino también por las políticas de sustitución de cultivos que incentivaron su producción. Según la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, para 2019 el Catatumbo era la principal región productora de palma. Comunidades en veredas en Sardinata o Tibú denunciaron cómo la expansión de cultivos de palma de aceite estuvo vinculada al desplazamiento forzado de comunidades campesinas e indígenas.
Una, dos y tres, estas actividades catalizaron en los noventa la presencia de las FARC-EP y el ELN, y posteriormente, la llegada del paramilitarismo. El portal Verdad Abierta narró cómo el Bloque Catatumbo, subgrupo del Bloque Norte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, registró los mayores niveles de dominio e importancia entre los grupos armados de la región. Inicialmente pretendió arrebatarle el dominio de la zona a las FARC y contaba con aproximadamente 1.000 hombres en el momento de su desmovilización en 2004.
Muchas cosas han cambiado y distintas políticas de desarrollo y paz se han ensayado en la zona. Los grupos armados han cambiado y los gobiernos regionales y nacionales también. Sin embargo, las tres actividades se mantienen en ebullición. “No podemos crear paz con un crecimiento económico ilegal que afecta a las comunidades”, advirtió en 2022 la Red de Mujeres del Catatumbo, explicando que “los grupos ilegales han reemplazado las ganancias que antes tenían en coca por el extractivismo y la comercialización del carbón en el sector”. Según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, el crecimiento en hectáreas de cultivos de hoja de coca de 2023 se concentró, entre otras, en el Catatumbo. Y durante el gobierno Duque, habitantes denunciaron cómo las grandes extensiones de cultivo de palma aceitera para la producción de combustible estaban creando bombas de tiempo, acabando con el agua y los medios de vida.
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