Volver a pensar la crisis

La década de 1980 fue difícil para la mayoría de los habitantes de Colombia. La administración liberal de Turbay fue represiva, ahogó cualquier posibilidad de cambio e inauguró un período de carta blanca a militares. Aunque Betancur inició un proceso de paz con las guerrillas, este fracasó (en parte por la libertad de la que gozaban muchos militares). El legado de ese proceso, que fue la Unión Patriótica, fue arrasado con casi 3.000 asesinatos selectivos a sus líderes y seguidores. Tanto Betancur como su sucesor, Virgilio Barco, se la jugaron por políticas contra la pobreza que no tuvieron mayor efecto redistributivo. Ambos inauguraron también reformas descentralizadoras que, pese a las buenas intenciones, beneficiaron a viejos y nuevos actores de la guerra: guerrillas, narcotraficantes y paramilitares (y sus aliados en el Estado). En un contexto de emergencia del narco, todos (aunque en distinta escala y de distintas formas) se dieron cuenta de que en la escala municipal era posible capturar rentas y pedacitos de poder. La mentada descentralización estuvo entonces sazonada con la captura de rentas de cultivos de coca y narcotráfico. Para 1989 se solidificaba en el país una crisis de la que muchas comunidades no se recuperarían.

Los 90 iniciaron con un entusiasmo: la idea de convocar una Asamblea Constituyente fue impulsada por mayorías de la opinión urbana, un sector de los partidos tradicionales y algunos nuevos movimientos. Barco avanzó el acuerdo de paz con el M-19, que a su vez tuvo buena votación en sus primeras elecciones. Agarrando las banderas de Galán y el Nuevo Liberalismo, César Gaviria asumió la Presidencia. Poco tiempo después menguaron las razones para el optimismo. El narcotráfico se hizo cada día más sanguinario. El conservadurismo asumió una línea autoritaria y ascendió Samper a la Presidencia, quien rápido se tuvo que empezar a defender por los narcodineros y les dio mano libre a paramilitares y ejércitos privados (financiados también por narcodineros). Luego vino Pastrana, quien cerró mal su período en 2002, pues al fallar en su promesa de paz con las Farc incentivó los motivos de fuerzas de extrema derecha. Los Estados Unidos intervinieron cada día de manera más directa en la política con el pretexto de la hoja de coca.

Con Uribe hubo quienes se sintieron animados. Apalancado por la plata del Plan Colombia, su gobierno fumigó regiones con glifosato y auspició excesos en luchas antisubversivas. A la vez, les hizo pasito a bandas criminales emergentes y consolidadas, siempre y cuando estuvieran alineadas a la derecha. Con Santos se partieron un poco las aguas, pues se firmó un Acuerdo con las Farc, basado en gran parte en un acuerdo rural que abrió una discusión sobre el futuro de los cultivos de coca. Y, sin embargo, ahora que finaliza otra década, asoma (al igual que hace 20 años) una crisis. Cabe quizás encararla de manera radicalmente distinta. Tal vez vale recordar las enseñanzas de la socióloga y activista boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, quien piensa la crisis como un momento de sospecha. Un momento propicio para sospechar sobre nuestras certezas. Sobre nuestros significados, experiencias y memorias. Un momento para repensar, reorganizar lo que somos y cómo vivimos bajo la tempestad. Y en que se vale disputar el sentido mismo de la crisis.

Así, para seguir desenredando el camino, tendríamos que repensar la guerra contra las drogas. Esta es una de las constantes de los conflictos nacionales. Al respecto, la Corporación Acción Técnica Social (ATS) en su último trabajo nos recuerda que, aunque se trate de un camino espinoso, debe transitarse hacia políticas de drogas más humanas, pues las actuales dejan una estela de destrucción en familias y regiones productoras y sus ecologías. En palabras de sus investigadores: “La legalización no es un camino totalmente seguro, pero con o sin regulación algunas personas se vuelven dependientes, usan demasiada droga (…) Es una decisión difícil, pero en general creemos que los costos del fallido sistema de control internacional de drogas y las políticas nacionales que lo implementan son mucho mayores”.